El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado una vez más a la Mesa del Parlament a cuatro meses de inhabilitación por los hechos que tuvieron lugar en el referéndum del 1 de octubre. Esta decisión se produce después de que la misma sala ya condenara a los mismos cuatro miembros de la Mesa por desobediencia en el año 2019. La sentencia implica que los miembros de la Mesa no podrán ostentar cargos públicos durante los próximos cuatro meses.
El fallo del TSJC ha sido recibido con controversia y ha sido objeto de debate en el panorama político catalán. La condena ha sido criticada por formaciones políticas como ERC y Junts per Catalunya, alegando que la condena es injusta y que se trata de una persecución política. Por otro lado, partidos como Ciudadanos y el PP han mostrado su satisfacción con la decisión del Tribunal.
La sentencia se enmarca en un momento de tensiones políticas en Cataluña, con la formación del nuevo gobierno liderado por Pere Aragonés de ERC, que trata de buscar el diálogo y la normalización en las relaciones con el Estado español. En este contexto, la condena a los miembros de la Mesa del Parlament puede suponer un nuevo obstáculo en el camino hacia la distensión.
La decisión del TSJC también ha sido objeto de críticas en el ámbito jurídico, ya que se ha cuestionado la imparcialidad del Tribunal y se ha señalado que la sentencia es una forma más de judicialización de la política. En cualquier caso, la condena de los miembros de la Mesa del Parlament supone un nuevo capítulo en el conflicto político catalán y muestra la complejidad del escenario en el que se mueven las instituciones y los actores políticos en la actualidad.
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