La reciente evaluación realizada por la agencia calificadora Moody’s revela un panorama complicado para el Estado de Derecho en México. El diagnóstico, centrado en las reformas judiciales implementadas en septiembre de 2024, destaca consecuencias alarmantes tras la disolución del Consejo de la Judicatura Federal y la elección de jueces. Estas modificaciones han incrementado la preocupación sobre la independencia del sistema judicial, deteriorando la planificación empresarial de largo plazo y generando dudas entre los inversionistas, especialmente los extranjeros.
A pesar de que históricamente México ha tenido instituciones legales de cierta solidez, Moody’s advierte que el creciente deterioro de la credibilidad del sistema judicial podría elevar los costos de las transacciones y limitar la productividad económica. La reducción de la Inversión Extranjera Directa es un claro indicador de la incertidumbre creada por cambios regulatorios recientes, lo que también ha llevado a que la confianza empresarial se encuentre estancada mientras los inversionistas esperan la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026.
En términos económicos, se anticipa que el crecimiento del PIB desacelerará a un 0.3% en 2025, una baja significativa frente al crecimiento del 1.5% en 2024, con proyecciones de un repunte a 1.7% en 2026, aunque aún por debajo del potencial del país. En este panorama, la deuda total de las empresas clasificadas alcanzará los 348 mil millones de dólares en 2025, pero se espera una disminución hacia 2027.
La situación de Pemex, que representa aproximadamente la mitad de la deuda corporativa mexicana, también destaca en el análisis. Moody’s observa que la calidad crediticia de Pemex sigue siendo débil, afectada por pérdidas en refinación y la baja producción de líquidos, lo que repercute negativamente en los datos agregados del país. A pesar de las condiciones generalmente sólidas para otras empresas no financieras e de infraestructura, el impacto de Pemex puede oscurecer mejoras en otros indicadores.
Por otro lado, el gobierno mexicano ha tomado medidas enérgicas contra las importaciones ilegales de calzado, imponiendo cuotas compensatorias a las importaciones proveniente de China, que representaban un 41.5% del total. Estas cuotas, que oscilan entre 0.54 y 22.50 dólares por par, buscan proteger los intereses de la planta productiva nacional y asegurar condiciones de competencia leal.
Las acciones del gobierno en esta área reflejan un esfuerzo por adaptarse a las dinámicas del comercio global mientras intenta garantizar la sostenibilidad del sector interno. Sin embargo, el futuro de la inversión y la estabilidad económica de México parece estar intrínsecamente ligado a la forma en que se abordarán los problemas de gobernanza y regulación en los próximos años.
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