Este lunes, México marca un momento decisivo en su historia judicial con la llegada de los primeros jueces elegidos por voto popular, un avance significativo para un sistema que ha enfrentado décadas de impunidad. Sin embargo, esta nueva era no está exenta de críticas, ya que muchos advierten sobre los riesgos de someter el poder judicial a la influencia del gobierno y del crimen organizado.
La elección, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, resultó en la asunción de más de 800 nuevos funcionarios del sistema judicial, desde ministros de la Suprema Corte hasta juzgadores estatales. Pese a la relevancia de esta elección, la participación del electorado fue alarmantemente baja, con apenas un 13%, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Además, se denunciaron irregularidades y prácticas cuestionables que parecían favorecer a candidatos alineados con el oficialismo.
“La nueva era en el Poder Judicial comienza hoy”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó el fin de un periodo caracterizado por la corrupción y el nepotismo en la justicia mexicana. Entre los nuevos miembros destaca el indígena mixteco Hugo Aguilar, quien fue el candidato más votado y ahora lleva una gran responsabilidad: recuperar la confianza del público en un sistema que ha sido severamente criticado.
La transformación del Poder Judicial forma parte de una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Sin embargo, diversos actores políticos y organizaciones de la sociedad civil han expresado su descontento, sugiriendo que la reforma busca más bien consolidar el control político del Poder Judicial que resolver problemas de impunidad, que en el país supera el 90%.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, argumenta que se trata de una operación estatal diseñada para colocar a magistrados y jueces que respondan al gobierno. De acuerdo con su organización, diversas irregularidades fueron observadas en el proceso electoral, incluyendo la distribución de materiales que dirigían el voto hacia candidatos afines.
La situación se complica aún más con la revelación de que al menos 25 de los aspirantes elegidos tenían antecedentes penales que abarcan desde corrupción hasta vínculos con el crimen organizado. De estos, seis fueron finalmente elegidos, incluyendo a Silvia Delgado, quien, tras haber defendido al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, asume su cargo como jueza penal en Chihuahua.
Como tal, la comunidad y los activistas alertan sobre la posibilidad de que la corrupción trascienda casos individuales para convertirse en un fenómeno sistémico dentro de los tribunales. Ante esta realidad, el activista Meza advierte que ciertos juzgados podrían quedar “capturados”, comprometiendo así la integridad del sistema judicial y su función de servir a la justicia.
A medida que este nuevo capítulo comienza a desplegarse, el futuro del Poder Judicial mexicano sigue en la cuerda floja, y el camino hacia la confianza y la justicia se muestra más incierto que nunca. La situación se mantendrá en el ojo público a medida que una segunda etapa de renovación judicial está programada para 2027, donde algunos de estos puestos serán analizados nuevamente.
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