El Gobierno de México ha emitido un contundente rechazo al reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, calificándolo de “tendencioso” y omisorio respecto a los significativos avances logrados en esta problemática en los últimos años. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores argumentaron que el documento ignora las observaciones y análisis presentados por México, particularmente aquellos que reflejan las reformas implementadas desde 2019 y, más recientemente, en 2025.
El gobierno mexicano sostiene que el mecanismo de la convención internacional se basa en situaciones donde las desapariciones forzadas son perpetradas de manera sistemática por agentes del Estado, una circunstancia que, según ellos, no corresponde a la realidad actual del país. Desde la administración actual, se han realizado transformaciones estructurales dirigidas a combatir este delito, aspectos que, en opinión de las autoridades, marcan una clara diferencia con periodos anteriores.
Un punto de crítica hacia el informe se centra en su enfoque temporal, ya que se concentra en los eventos ocurridos entre 2009 y 2017, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a aspectos localizados en solo cuatro entidades. Este enfoque no toma en cuenta los esfuerzos recientes del gobierno federal para abordar el fenómeno de las desapariciones.
Adicionalmente, las autoridades cuestionaron la rigurosidad jurídica del informe, sugiriendo conflictos de interés entre algunos integrantes del comité, a quienes se les atribuyen vínculos con organizaciones que han denunciado al Estado mexicano. En este contexto, el gobierno reafirmó su postura, asegurando que “no se toleran, permiten ni ordenan desapariciones forzadas” y que se han promovido reformas legislativas e institucionales, en colaboración con colectivos de familiares, para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
En un entorno donde la preocupación por los derechos humanos y la lucha contra la impunidad son cada vez más urgentes, este rechazo del gobierno mexicano ante el informe de la ONU resalta las complejidades de la realidad en el país, así como los esfuerzos por avanzar en un nuevo marco institucional y normativo para afrontar estas graves violaciones. La situación sigue evolucionando, y es fundamental mantenerse informado acerca de los cambios y acciones adoptadas por las autoridades en los próximos meses.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
