México destaca en lucha contra corrupción sanitaria.

El Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia han reconocido los esfuerzos de México en la lucha contra la corrupción en el sector salud, resaltando un estudio que demuestra cómo sancionar a las empresas que cometen irregularidades en contrataciones puede mejorar significativamente el uso del dinero público y traducirse en beneficios tangibles para la población. Esta información fue compartida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el marco del Concurso de Promoción de la Competencia 2025, que resalta las iniciativas del gobierno para optimizar las compras y prevenir acuerdos entre empresas para aumentar precios, se entregó este importante galardón.

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El caso que merece mención involucra a 11 empresas y 14 personas que fueron penalizadas por coludirse para repartir contratos, inflando los costos en servicios de laboratorio y bancos de sangre. Este accionar irregular generó un costo al país de más de 1,389 millones de pesos.

El estudio premiado, titulado “Mejorando la contratación de servicios de salud pública mediante el uso de evaluaciones ex post”, ofrece un análisis detallado del impacto de las sanciones impuestas. Los resultados son reveladores: tras las sanciones, los precios en los servicios de bancos de sangre se redujeron en un 29.6%, mientras que en los estudios de laboratorio se observó una disminución del 4.8% en los precios ofertados al sector salud.

Más allá de los evidentes ahorros económicos, el informe destaca que la restauración de condiciones de competencia en las compras públicas no solo optimiza el gasto gubernamental, sino que también fortalece el acceso a servicios esenciales como la atención médica. Este tipo de estudios, realizados por especialistas en temas económicos, garantizan la fiabilidad del análisis, fundamentándose en hechos verificables y concretos.

Finalmente, este tipo de investigaciones son vitales, pues permiten evaluar si las decisiones adoptadas para prevenir abusos entre empresas están cosechando frutos y beneficiando a la ciudadanía de maneras prácticas y medibles. La atención a este tipo de irregularidades no solo busca sancionar, sino también promover un entorno más justo y accesible para todos.

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