La controversia financiera en torno a los bonos de deuda de México no cesa. Recientemente, se ha informado que estos bonos, con un plazo de 10 años, ofrecen tasas de interés similares a las de países que no poseen grado de inversión. Esta afirmación fue difundida por una nota de Bloomberg, que resalta una preocupación generalizada sobre la salud crediticia de México y de su estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
En una respuesta que parece ser más bien una defensa que un contraargumento, la Secretaría de Hacienda ha señalado que la percepción del riesgo crediticio ha mejorado, algo que se puede observar en la disminución de los Credit Default Swaps (CDS) desde octubre de 2024. Los CDS, que funcionan como un seguro contra el impago de deudas, han caído: el de la deuda soberana pasó de 120 puntos base a 80, y el de Pemex, de 460 a 222 puntos base en el mismo período.
Mientras tanto, los datos son elocuentes: los bonos con vencimiento en 2037 rinden alrededor de un 6.5% anual, tasa que supera la de varias naciones con calificación inferior, como Costa Rica (5.3%), Paraguay (5.5%), Panamá (5.9%) y Guatemala (6.0%). Este desenlace sugiere una disonancia entre la percepción de riesgo y los rendimientos exigidos por los inversionistas.
La nota de Bloomberg atribuye estas altas tasas de interés a los apoyos que el gobierno ha otorgado a Pemex, estimados en 130,000 millones de dólares. Por su parte, la Secretaría de Hacienda se enfoca en evidenciar la reducción de la deuda bruta de Pemex respecto al PIB y mejora en sus calificaciones de Fitch y Moody’s. Sin embargo, a pesar de algunas cifras alentadoras sobre la deuda, persisten las dudas sobre las condiciones operativas de la petrolera, que enfrenta retos en producción y costos.
Es relevante preguntarse qué indicador es más crucial: la tasa de los bonos o el CDS. Ambos ofrecen una visión complementaria de la solidez fiscal del Gobierno. La deuda total ha alcanzado los 19.59 billones de pesos, y el servicio de la deuda representó 653,000 millones en el primer semestre de 2026. Este gasto es el 14.3% del total del gobierno, lo que representa una reducción del 4.8% respecto al mismo período en 2025.
Comparar estos datos con las tasas de otros países latinoamericanos puede ofrecer claridad ante la impresión del presupuesto 2027, que se presentará el 8 de septiembre. Para mantener el grado de inversión, México necesitará implementar medidas que reduzcan el déficit fiscal, que se estimó cercano a 2 billones de pesos, un déficit de casi 6 puntos del PIB en el último año de la administración de AMLO. Con un pronóstico de cierre superior a 4% del PIB para 2026, la austeridad extrema aplicada hasta ahora parece no haber sido suficiente.
Una cuestión crítica será cuánto puede disminuir el déficit para el cierre de 2026 y en las proyecciones para 2027. Este es un tema que captará la atención de Hacienda en las semanas venideras, especialmente en relación a la continuidad del apoyo a Pemex, cuyas implicaciones fatales y costos para el Estado no pueden prolongarse indefinidamente.
Los mercados y las calificadoras están enviando mensajes claros: si bien ha habido mejoras en los CDS, la atención no puede desviarse de las altas tasas de deuda a 10 años. La cuestión persiste: ¿qué acciones tomará Hacienda para corregir esta tendencia? Con los datos recientes, el camino hacia una mejor salud fiscal requerirá decisiones audaces y bien fundamentadas.
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