El comercializador de energía, Vitol, podría enfrentar cargos penales por evasión fiscal en caso de confirmarse la investigación que realiza el gobierno de México sobre si existen “irregularidades” en la documentación de sus productos petrolíferos refinados que ingresan al país, señaló Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La funcionaria detalló en entrevista para Reuters que la investigación en contra del mayor comerciante de materias primas es para aclarar presuntas violaciones de impuestos a las importaciones en el país que apuntan a empresas que incluyen proveedores de combustible y comercializadores de energía.
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Esto ocurre justo cuando actores de alto perfil en el sector están cada vez más bajo escrutinio a nivel mundial por acusaciones de corrupción.
Raquel Buenrostro dijo que algunos de los registros de importación de Vitol tenían discrepancias que la empresa no pudo aclarar.
“Presentaron muchas inconsistencias en la documentación de los productos importados y no pudieron nunca acreditar o explicar muchas discrepancias o inconsistencias observadas”.
Añadió que el caso involucró documentación falsa, pero se negó a comentar más para evitar poner en peligro la investigación.
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Buenrostro dio a conocer que el SAT ya envió sus acusaciones sobre Vitol a la Fiscalía General, organismo que podría determinar si presenta cargos de evasión fiscal por tráfico de bienes de contrabando, un delito que puede ser castigado con pena de cárcel.
Por su parte, Vitol negó haber cometido algún delito. Dijo que las acusaciones se remontan a un par de años y están relacionadas con importaciones clasificadas por otra empresa con la que trabajó.
“Estamos en litigio con la contraparte que clasificó erróneamente las importaciones”, dijo una portavoz de Vitol sin revelar más detalles.
CASOS DIFÍCILES
Los impuestos perdidos debido a la falsa clasificación de productos refinados costosos -gasolina y diésel-, como hidrocarburos de menor valor por parte de algunos comercializadores de materias primas energéticas le están costando al gobierno mexicano aproximadamente 2,000 millones de dólares al año en ingresos, dijo Buenrostro.
Cuando se le preguntó si Vitol participó en esta práctica, dijo que estaba cometiendo “irregularidades” con el mismo “modus operandi” que otras empresas investigadas.
Buenrostro dijo que el SAT ha presentado en total alrededor de 17 denuncias a la Fiscalía General por esta práctica, y que estaba preparando otras cinco dirigidas a empresas que incluyen proveedores de combustibles y comercializadores de energía.
Afirmó que dependerá de los fiscales determinar quién podría ser responsable de la supuesta documentación falsa. No especificó cuándo se presentaron los casos y se negó a identificar a las otras empresas investigadas.
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“El responsable sale en las investigaciones, de realmente quién fue quien falsificó el documento, en qué momento se falsificó, etcétera”, dijo Buenrostro en respuesta a una pregunta sobre la investigación a Vitol. “Puede ser un funcionario público hasta un ejecutivo, un alto ejecutivo de la empresa”, añadió.
No dio más detalles sobre el posible papel de personas específicas acerca de presuntas irregularidades en la documentación de importación de Vitol.
Los asuntos tributarios de Vitol en México han estado bajo la lupa desde al menos 2019, dijo la funcionaria, quien asumió su actual cargo en enero del año siguiente.
Una investigación administrativa sobre Vitol en el SAT aún está en curso y la autoridad tributaria eliminó a la empresa de su registro de importadores aprobados, dijo Buenrostro. Sin esa aprobación, los agentes de aduanas no pueden emitir un formulario de autorización clave y cualquier producto importado por la empresa se consideraría ilegal.
La empresa ha mantenido una profunda relación comercial durante décadas con la petrolera mexicana Pemex y otras empresas estatales para el suministro de combustible a México, incluidos etano, gas licuado de petróleo, gasolina y diésel.
Reuters informó en marzo que Pemex estaba buscando renegociar algunos contratos con Vitol y dejaría de hacer negocios con la empresa si no lograba llegar a un acuerdo.
