México asignó en 2025 un total de 216,560 millones de pesos a la atención de niñas y niños menores de seis años, lo que equivale a 0.61% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 2.53% del gasto público total, según un estudio de Promotora Social México y el Pacto por la Primera Infancia1.
Esta inversión se mantiene por debajo de la recomendación internacional de destinar al menos 1.5% del PIB para garantizar servicios esenciales en esta etapa, pese a que estudios han demostrado que cada dólar invertido en el desarrollo infantil puede generar hasta 13 dólares en beneficios económicos futuros1.
Qué cambia en la atención a la primera infancia
Sin embargo, el incremento no fue sostenido ni progresivo, ya que hubo años con contracciones presupuestarias que limitaron la continuidad de los programas1.
El estudio señala que cuatro de cada diez niñas y niños menores de seis años viven en condiciones de pobreza, y una proporción similar carece de acceso a servicios de salud1. Además, prácticamente uno de cada dos está expuesto a prácticas de disciplina violenta1. La baja inversión afecta la calidad y disponibilidad de servicios esenciales, limitando los beneficios económicos y sociales a largo plazo1.

El dinero y los retos de la inversión
Para alcanzar el estándar internacional de 1.5% del PIB, México tendría que movilizar alrededor de 313,000 millones de pesos adicionales1. Aunque la inversión pública en primera infancia creció en los últimos años, el país sigue rezagado respecto a países como Perú (1.6%), Colombia (0.83%), Chile y Guatemala (0.8% cada uno)1.
El subejercicio presupuestal y la distribución desigual de los recursos son señalados como fallas del sistema: aunque los menores de seis años representan el 32% de la población beneficiaria, solo recibieron el 19% del presupuesto ejercido1.

Próximos pasos y desafíos identificados
El estudio recomienda que el gasto en primera infancia sea considerado una inversión estratégica y sostenida, no solo un presupuesto asistencial1. Se subraya la importancia de mejorar la gobernanza, la coordinación entre instituciones y la eficiencia en el ejercicio presupuestal1.
Mejorar los sistemas de información permitiría identificar a los menores que no han recibido servicios y orientar mejor los recursos públicos1. El reto, según el análisis, es mantener una tendencia creciente en la inversión y evitar retrocesos por cambios de administración o ciclos políticos1.
Qué significa para México
La baja inversión pública en la primera infancia limita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y protección social para millones de niñas y niños menores de seis años en México1. Esto afecta su desarrollo integral y reduce los beneficios económicos y sociales a largo plazo, como una mayor productividad laboral y menores costos asociados a la salud y la justicia penal1.
Nota de la Redacción: al publicar esta nota contrastamos la información disponible; la actualizaremos si otras fuentes aportan versiones distintas.
Fuentes
Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:
- Expansión ↩
- INEGI, Banco de Indicadores: Crecimiento del PIB de México
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Datos basados en información reportada originalmente por Expansión.





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