#CIDE | Miembros de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Académicas (CIDE) finalmente lograron obtener la transparencia en el acta protocolizada de la designación del director de la institución, José Antonio Romero Tellaeche, después de casi un año de esfuerzos con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Los estudiantes habían solicitado a las autoridades del CIDE a través del INAI en varias ocasiones que proporcionaran documentos que confirmaran la legalidad del nombramiento de Romero Tellaeche como jefe del Centro, pero los representantes estudiantiles afirman que la información fue ocultada y negada.
A través de varias solicitudes de transparencia, representantes de la comunidad estudiantil consiguieron el documento emitido por la Notaría 181 de la Ciudad de México, fechado al 10 de febrero de 2022.
Representantes estudiantiles expresaron a este diario que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla y el propio Romero Tellaeche hicieron falsas declaraciones ante autoridades, ante el Congreso de la Unión y ante el INAI sobre dicha acta, ya que fue negada por los dos titulares en diferentes ocasiones.
El acta, especifican,habría sido usada por el director del centro para llevar a cabo contratos en medio de impugnaciones legales de parte de la comunidad, por lo que se deduce que las autoridades del CIDE tenía conocimiento de este documento.
“Con la información quedaría documentado que tanto la titular del Conacyt como quien se ostenta como director del CIDE, presuntamente habrían afirmado una falsedad o negado la verdad en todo o en parte al rendir informes como autoridad responsable en un juicio de amparo”, agregaron.
“Se confirman muchas irregularidades, pero la más grave es que Buylla, Romero y otros habrían cometido el delito de falsa declaración. Mintieron ante el Congreso, ante el pleno del INAI, ante los Juzgados I, II, IV, X y XVII de Distrito en Materia Administrativa en decenas de ocasiones”.
Asimismo, agregaron, realizar declaraciones falsas ante autoridades públicas es un delito que se contempla en el Código Penal Federal y se castiga con 4 a 8 años de cárcel.
Otro tema que destacaron los estudiantes es que el CIDE no proporcionó la información completa al INAI, específicamente en las peticiones que refieren a la situación fiscal del Centro de 2002 a 2012. El CIDE solamente transparentó la situación fiscal del 2013 al 2021, hecho que, reiteran los estudiantes, también es una violación legal.
CIDE “explica” los hechos
A través de un comunicado en redes sociales, el CIDE expresó que los nombramientos y cambios a los estatutos no fueron decisiones o atribuciones tomadas fuera de la ley y que se informó “debidamente a la comunidad”.
Asimismo, informaron que la situación fiscal del CIDE fue modificada por el SAT desde 2012 por irregularidades. “Con relación a la situación fiscal, se informa que el régimen fiscal del Centro fue modificado por el SAT desde 2012, debido a diversos incumplimientos del Centro, los cuales fueron identificados desde ejercicios fiscales previos. Esta condición se exigió y notificó a la Dirección General del Centro bajo la administración del Dr. Sergio López-Ayllón.
El comunicado especifica que el ejercicio de las atribuciones como director general fueron conferidas a Romero Tellaeche desde el lunes 2 de agosto de 2021 y explica que toda la información correspondiente fue publicada desde junio del año pasado.
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