El Ministerio de Igualdad retoma en septiembre tres iniciativas legislativas –la reforma de la ley del aborto, la ley de libertad sexual y la conocida como ley trans– cuya tramitación espera culminar antes de que acabe la legislatura. Son reformas profundas y ambiciosas que la ministra Irene Montero califica como “una nueva generación de derechos feministas”. El ministerio que gestiona Unidas Podemos (UP) espera dejar con ellas su impronta tras los avances sociales que pusieron a España a la vanguardia a principios del siglo XXI y que tienen el sello del PSOE, como la ley de violencia de género (2004), la de Igualdad (2007) o la que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (2005). En el gabinete de Igualdad han decidido meter el acelerador este otoño con estas tres propuestas, conscientes de que tienen una oportunidad única al estar en el Gobierno.
Los dos proyectos más avanzados –la ley de libertad sexual y la ley trans– han ido salvando etapas estos meses a pesar de que han encontrado oposición hasta en la parte socialista del Gobierno y del parón obligado que supusieron los meses más duros de confinamiento en la pandemia del coronavirus, cuando todos los esfuerzos se volcaron principalmente en atender a las víctimas de la violencia machista. Estas son las tres propuestas, el camino que han recorrido y el que les queda por avanzar:
Reforma de la ley del aborto. Es la menos avanzada de las tres. El Ministerio está trabajando en un primer borrador que espera tener en el último trimestre del año que supondría un vuelco a la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, de 2010. La intención de Igualdad es eliminar “todos los obstáculos reales para que los derechos que están reconocidos sean derechos que puedan disfrutar todas las mujeres”, según explicó María Antonia Morillo, directora del Instituto de las Mujeres, en unas jornadas celebradas en julio en las que se debatieron algunos de los aspectos de la futura reforma, con cambios que entienden como un “mandato del movimiento feminista”, según dijo también Morillo. En esas jornadas, Montero anunció que la reforma incluirá medidas para limitar la objeción de conciencia de los médicos, se eliminarán los tres días de reflexión que contempla actualmente la norma y se permitirá que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de contar con el permiso de sus progenitores. Esto último está incluido en el acuerdo que firmaron UP y PSOE para formar gobierno.
Se trata, en palabras de la ministra, de garantizar que cualquier mujer pueda acudir “a un hospital público y cercano a su domicilio” para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. “Hay comunidades autónomas en las que no se ha practicado una sola interrupción voluntaria del embarazo en un centro público e incluso las hay en la que muchas mujeres tienen salir de sus autonomías, con todo lo que ello implica”, señalaba recientemente Montero durante una entrevista con Columna Digital y Le Monde.
La iniciativa va más allá del aborto en sí y prevé también incluir medidas para intentar limitar los vientres de alquiler (o gestación subrogada, que una mujer geste un hijo para terceros) o contra la violencia obstétrica, aquella que algunas mujeres sufren en las prácticas sanitarias durante el embarazo y el parto. Igualdad considera que la violencia obstétrica no son prácticas aisladas, sino una forma más de violencia machista normalizada, basada en sesgos y estereotipos machistas. No existen datos oficiales para conocer su magnitud aunque hay organizaciones, como El Parto Es Nuestro, que llevan años reclamando poner el foco sobre este asunto y conocer su verdadero alcance. Tras el anuncio de Igualdad, profesionales que atienden partos y puerperio en España, han pedido participar también en la elaboración de la reforma de la ley e incluso están recogiendo firmas para ello.
Ley trans. A la espera de cómo se desarrolle la tramitación inicial de la reforma del aborto, la conocida como ley trans –la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio– es hasta el momento la que más polémica ha suscitado dentro y fuera del Gobierno. Los desencuentros durante la tramitación de la norma entre la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Montero empujaron en parte la salida de Calvo del Ejecutivo. En el centro del debate está la conocida como libre autodeterminación de género, que supone que cualquier persona a partir de 14 años -aunque con autorización de progenitores o tutores si es menor de 16- cambiar el sexo y el nombre en el DNI tras un plazo de tres meses. Desde que se conoció el primer borrador de la ley hasta que llegó un texto al Consejo de Ministros transcurrieron cinco tensos meses. En parte, por las objeciones que señalaron desde el propio Ejecutivo apelando a la seguridad jurídica y por la oposición de parte del movimiento feminista, que ven en la futura ley una amenaza: consideran que si el sexo se elige, eso pone en riesgo todas las leyes que evitan la discriminación de las mujeres y que se cimientan sobre la desigualdad.
Aún le falta un recorrido de duración indeterminada, pues se requieren los informes de diferentes organismos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, y toda la tramitación parlamentaria en las Cortes, donde los colectivos esperan poder incorporar cuestiones que estaban en el borrador inicial de Igualdad, pero no salen en el documento actual, como el cambio registral desde los 12 años (con el visto bueno de progenitores o tutores) o el reconocimiento de las personas no binarias —aquellas que no se identifican ni como hombre ni como mujer— para las que los colectivos reclaman una tercera casilla en el DNI.
Ley de libertad sexual. Es la que lleva la tramitación más avanzada. El anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual llegó el 6 de julio en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Convertido ya en proyecto de ley tras la revisión de los órganos consultivos –el informe del Consejo General del Poder Judicial fue especialmente duro– la previsión es que inicie su tramitación parlamentaria en septiembre. El texto gira en torno al consentimiento, del que incluye una definición. Su objetivo es la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales. Elimina el abuso sexual, tipifica por primera vez el acoso sexual callejero como delito e incluye la creación de centros 24 horas de atención a las víctimas, a las que equipara con las de violencia de género.
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