El ex primer ministro Benjamín Netanyahu lo niega todo. Se ha declarado inocente de los tres cargos por corrupción por los que está siendo juzgado desde 2020. Pero durante casi dos años ha negociado en secreto con la Fiscalía General un acuerdo para cerrar el juicio con una condena que no conlleve su ingreso en prisión. El líder conservador que gobernó en Israel durante 12 años consecutivos hasta que fue apeado del poder en junio pasado por una amplia coalición opositora se resiste, sin embargo, a aceptar hasta siete años de inhabilitación para todo cargo público, lo que implicaría su salida definitiva de la escena política a los 72 años.
La salida del líder del Likud de la política, si se acaba confirmando su acuerdo con la Fiscalía, forzará un inmediato relevo al frente del partido conservador hegemónico, tras unas disputadas primarias entre barones de la organización, así como una previsible reagrupación de las fuerzas de la derecha nacionalista y religiosa, liberadas de los vetos personales suscitados por la dominante figura de Netanyahu. La derecha suma una clara mayoría en la actual Kneset (Parlamento) como recambio al actual Gabinete de heterogénea coalición.
Aireadas estos días por la prensa hebrea, las negociaciones emprendidas por los letrados de Netanyahu en busca de un pacto que libre a su cliente de largos años de incierto proceso judicial fueron confirmadas el domingo por el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, considerado uno de los jurisconsultos israelíes más influyentes, quien ha actuado durante meses con discreción como mediador del ex primer ministro con la Fiscalía.
Historia del caso Netanyahu
Netanyahu fue procesado en 2019 por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos en los que estaba imputado por recibir valiosos regalos e influir para conceder ventajas económicas y fiscales a altos cargos empresariales a cambio de mejorar su imagen en medios de comunicación que estos controlaban. Se arriesga a ser condenado hasta a 10 años de prisión.
Los medios israelíes apuntan a que el acuerdo debe alcanzarse antes de que termine enero, ante el inminente fin del mandato de Mandelblit, un jurista que fue nombrado para el cargo por el mismo Netanyahu y que antes ejerció como secretario legal de varios de sus Gobiernos.
La Fiscalía ofrece la retirada de una de las acusaciones: la del llamado caso 2.000, en el que el jefe del Ejecutivo trató de influir en la línea editorial del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación de pago del país, a cambio de restringir la competencia publicitaria del periódico gratuito Israel Hayom, el de mayor difusión y el más próximo a su política. Al mismo tiempo, el Ministerio Público también se muestra dispuesto a retirar los cargos por cohecho y a limitar las acusaciones de fraude que pesan contra el exgobernante.
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