Los líderes políticos, cuando deben enfrentar los resultados de su gestión, a menudo adoptan la estratégica defensa de la ignorancia: “no sabía, no tenía conocimiento de los hechos y, por ende, no puedo ser juzgado”. Este tipo de argumento se convierte en el escudo protector de aquellos que utilizan a sus colaboradores como sacrificios para mantener sus posiciones de poder.
Es indiscutible que los mandos medios cumplen una función crucial como amortiguadores entre la alta dirección y la operativa; sin embargo, en situaciones que trascienden errores menores, el simple “no sabía” no puede ser una excusa válida para eludir la responsabilidad por los fallos que ocurren bajo su mando.
Por ejemplo, en el caso de la Línea 12 del Metro, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no puede lavarse las manos; lo mismo aplica para Adán Augusto López respecto a las relaciones de su Secretario de Seguridad con el crimen organizado, o Felipe Calderón en relación con Genaro García Luna. La gobernanza exige tener en todo momento acceso a la información necesaria para tomar decisiones y ejercer vigilancia constante, especialmente en temas de seguridad, que tienen profundas repercusiones para la población.
No obstante, muy pocos políticos aceptan sus errores inmediatamente. Surge así la necesidad de un equilibrio de poderes que impulse la responsabilidad de los funcionarios públicos ante sus errores. Una prensa libre, comprometida a señalar irregularidades, y una sociedad civil activa que exija el cumplimiento de los deberes de quienes ostentan el poder, son fundamentales para ello. Autócratas como Trump, López Obrador y Netanyahu, entre otros, evitan reconocer sus falencias, adjudicando la culpa a órdenes no acatadas o a la falta de información adecuada. Esta lógica los lleva a convencerse de ser insustituibles en la gobernanza, fortaleciendo su derecho a permanecer en el poder indefinidamente.
Se manifiesta un asalto de los autoritarismos a la democracia, a la pluralidad y, sobre todo, a la rendición de cuentas. Esto se traduce en la negación del derecho a disentir y en la caracterización de los opositores como enemigos del pueblo. Los líderes utilizan el argumento de la infalibilidad, despojando de responsabilidad a otros, a eventos pasados o a críticos cuyas intenciones son vistas como amenazas al nuevo régimen.
De este modo, la declaración de ignorancia se convierte en el salvavidas de los déspotas, disfrazando la ineptitud de los gobernantes para cumplir con sus obligaciones. En un contexto donde la desinformación puede ser manipulada, la ignorancia se transforma en una inesperada virtud.
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