Más de 8 millones de alumnos del sistema educativo no universitario han iniciado este año escolar en colegios e institutos, en un contexto marcado por importantes cambios normativos. Este ciclo trae consigo la aplicación de varias de las modificaciones estipuladas en la Lomloe, la nueva ley de Educación, que se implementarán principalmente en cursos impares. Sin embargo, algunas comunidades autónomas se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que, al comenzar el curso, siete de ellas aún no habían publicado las normativas que desarrollan esta ley, lo que ha generado inquietudes entre alumnos, padres y educadores.
Uno de los aspectos más significativos de la Lomloe es la transformación en la forma de aprender y evaluar a los estudiantes. La nueva normativa prioriza un enfoque por competencias, buscando un equilibrio mayor entre el aprendizaje teórico y práctico, disminuyendo así el peso de la memorización. Marisa Cuevas, profesora de Lengua y Literatura en el instituto Margarita Salas de Seseña, resalta que se valorará más el trabajo diario y la investigación de los alumnos a través de proyectos diversos, en lugar de basar la calificación únicamente en exámenes.
Adicionalmente, este año escolar se establecen directrices que modificarán las dinámicas de repetición de cursos. Según los nuevos lineamientos, repetir será algo excepcional, y en secundaria, los alumnos podrán avanzar incluso con dos materias suspensas. El sociólogo Mariano Fernández Enguita menciona que en España, casi el 30% de los jóvenes ha repetido al llegar a los 15 años, y considera que esto no tiene sentido. Este tema, sin embargo, ha suscitado controversia; Lucas Gortazar, economista, señala que la repetición tiende a disminuir la motivación y el esfuerzo de los estudiantes, lo que finalmente afecta su aprendizaje. Jesús Manso, pedagogo, advierte sobre la necesidad de asegurar métodos que garanticen que los estudiantes realmente están aprendiendo, antes de eliminar la repetición.
Por otro lado, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas se mantiene como un tema de preocupación en España. Aunque el número de pisos ocupados ilegalmente se ha estabilizado, la alarma sigue vigente, especialmente en el contexto de propiedades bancarias. Según datos de 2021, se abrieron 83 procesos por allanamiento de morada y 9,739 usurpaciones, afectando a una significativa cantidad de viviendas.
Carla Yamileth Henríquez es un ejemplo de las personas que se enfrentan a este problema: tuvo que pagar 1,000 euros para poder ocupar, con su familia, un piso de la SAREB en Ciutat Meridiana. La falta de opciones de alquiler adecuadas y el inminente desalojo la han llevado a esta difícil situación. Por otro lado, José Luis Ruiz Castillo, un ingeniero que regresó a su hogar solo para encontrarlo ocupado, relata su angustiante experiencia tratando de recuperar su propiedad.
A pesar de la creciente percepción de inseguridad, un estudio de la oficina de vivienda del ayuntamiento de Valencia revela que solo un 1% de las viviendas ocupadas ilegalmente son de propiedad particular. Diego Álvarez de Juan, juez de instrucción, manifiesta que la alarma social que rodea el tema es exagerada y que las herramientas legales actuales son suficientes para enfrentarse a esta problemática.
Detrás de muchos casos de ocupación ilegal se encuentran realidades de exclusión y precariedad. Los altos precios y la ausencia de viviendas sociales dificultan que personas con bajos ingresos, como muchos jóvenes, encuentren un techo digno. Mientras tanto, el Congreso se enfrenta a la obstrucción de la nueva ley de vivienda, presentada hace varios meses por el gobierno, ante las diferencias de criterio de sus dos socios, los socialistas y Unidas Podemos. Esta situación plantea retos significativos en la búsqueda de soluciones efectivas y urgentes para el acceso a la vivienda en el país.
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