En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente involucramiento del gobierno en múltiples actividades económicas que tradicionalmente han sido dominio del sector privado. Esta tendencia plantea importantes interrogantes sobre la libertad económica y su impacto en el potencial de crecimiento de la economía en un contexto en el que los recursos son limitados.
La libertad económica se define como un estado en el cual los derechos de propiedad están claramente establecidos y protegidos por un sistema judicial efectivo e imparcial. Esto permite a los individuos y empresas tomar decisiones sobre el uso de sus recursos, así como participar en transacciones que favorezcan la competencia en los mercados. Sin embargo, la expansión del gobierno en áreas que no justifican su intervención ha limitado esta libertad y ha planteado serias dudas sobre la estabilidad y eficiencia de la economía.
En los últimos siete años, la intervención gubernamental ha crecido, abarcando ahora la producción de bienes que son claros ejemplos de economía privada, como la gasolina, electricidad, y otros servicios que antes eran gestionados eficientemente por el sector privado. Estas empresas públicas, regidas por la idea malentendida del “bien común”, no están obligadas a generar utilidades, lo que disminuye drásticamente sus incentivos para operar de manera eficiente. Esta circunstancia no solo afecta la calidad del servicio, sino que también resulta en una asignación ineficiente de recursos a nivel social y una reducción en el valor agregado que se puede generar en la economía.
Las pérdidas acumuladas por estas empresas implican que el gobierno tiene que redirigir recursos del sector público hacia ellas, lo que a su vez recorta la calidad y cantidad de servicios esenciales como salud, educación y mantenimiento de infraestructura. Una profunda preocupación radica en que, si estas pérdidas son cubiertas mediante endeudamiento, esto desplazaría al sector privado del mercado financiero, lo que podría incidir negativamente en la inversión y el crecimiento económico.
La situación se ve más complejizada por los cambios en el marco institucional que se han instaurado. El uso discrecional de reglamentos, la eliminación de organismos autónomos, y la reciente reforma que limita la independencia del Poder Judicial son solo algunos ejemplos de cómo las reglas del juego se han vuelto menos eficientes. Estos cambios contribuyen a crear un entorno de incertidumbre para los inversionistas y limitan la certeza que requieren para operar.
Como resultado, no sorprende que el PIB per cápita haya permanecido estancado durante el último período, lanzando una dura advertencia sobre la dirección en la que se dirige la economía. Sin un enfoque en la defensa de la libertad económica y un marco institucional estable, el futuro de la inversión y el crecimiento se encuentra en un estado crítico, urgido de una reevaluación que priorice la eficiencia y la transparencia en la gestión de recursos.
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