El reciente estudio económico de la OCDE sobre México ha sacado a la luz una de las preocupaciones cruciales del país: la reforma judicial y la integración de nuevos jueces electos. Publicado el jueves pasado, el informe destaca la baja participación ciudadana en las elecciones judiciales y sus implicaciones sobre la confianza de inversores, subrayando la falta de experiencia en aquellos que ocupan ahora los estrados.
La OCDE advierte que la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del sistema judicial puede resultar problemática. Para abordar esta situación, sugiere la implementación de programas de entrenamiento exhaustivos que incluyan formación en estándares éticos y rendición de cuentas. Además, menciona la necesidad de fortalecer los requisitos de elegibilidad para futuros jueces, señalando que posturas laxas pueden poner en riesgo la integridad del sistema judicial.
La preocupación no es infundada, ya que la falta de competencia técnica entre los nuevos magistrados se ha hecho evidente en diversas ocasiones. Un caso preocupante tuvo lugar en la Suprema Corte el 23 de febrero de 2026, donde se discutió el amparo en revisión 69/2025, relacionado con la adquisición de un inmueble en una zona restringida por parte de una sociedad con cláusula de admisión de extranjeros.
A pesar de que la discusión jurídica debía centrarse en la razonabilidad del monto a pagar y en los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, los ministros desviaron su atención a anécdotas personales y percepciones erróneas sobre la situación de los extranjeros en México. La Ministra Ortiz Ahlf manifestó su confusión sobre el concepto de zona restringida y realizó afirmaciones que denotaban un desconocimiento del proceso legal en cuestión. Asimismo, su colega Lenia Batres calificó el costo del derecho de pago como “simbólico”, desestimando las implicaciones fiscales que se estaban en juego.
Por su parte, la Ministra Ríos confundió la naturaleza del derecho que paga la sociedad al pensar que se trataba de un costo por usar el inmueble, ignorando el proceso formal de aviso de adquisición. Esta confusión se torna aún más alarmante cuando se considera que estas decisiones pueden tener un impacto directo en la confianza pública y en la economía del país.
En medio de esta mezcla de emociones y prejuicios, el Ministro Guerrero intentó centrar el debate en los puntos legales fundamentales. Sin embargo, la Ministra Ríos acusó una discriminación de género por ello. La situación revela no solo los bias y resentimientos personales de algunas ministras, sino también una incapacidad para abordar cuestiones legales con la debida seriedad.
Ante este escenario, es crucial que el Estado considere las recomendaciones de la OCDE, ya que el futuro del sistema judicial y la inversión en México podrían depender de medidas que fortalezcan la calidad y eficacia de quienes lo integran. La urgencia de una capacitación adecuada y la necesidad de un enfoque en la ética y responsabilidad son temas que no pueden ser ignorados si se aspira a un sistema judicial robusto, competente y respetado.
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