Sergio R., de 19 años, y Ángel A., de 51 años, murieron en el mar el pasado lunes en La Línea (Cádiz). Su pequeña embarcación zozobró en mitad de un temporal de viento que hacía muy difícil navegar. Esa es la única certeza que ha prendido la mecha de cuatro días de disturbios, azuzados por la supuesta denegación de auxilio a los fallecidos, sospechosos de trabajar para el narco, por parte de los agentes que presenciaron el suceso. Tras una manifestación con unos 800 asistentes, noches de quema de contenedores, destrozos, lanzamiento de piedras y hasta un disparo contra un furgón policial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigan a ocho personas por estos altercados y prevén que la cifra crecerá en las próximas horas.
De poco ha servido que “no haya elementos para pensar que la Guardia Civil haya tenido implicación” alguna en el ahogamiento —investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea—, según apuntan fuentes cercanas al Ministerio del Interior. Tampoco las llamadas a la calma de políticos de distinto rango —del local al nacional—, para que las protestas sociales cesen en La Atunara o San Bernardo, dos barriadas deprimidas de la localidad en las que el narco se ha hecho fuerte desde hace una década. La ciudad (62.940 habitantes) lleva ya sufriendo cuatro días de barricadas, lanzamiento de objetos a la Policía Nacional e incluso un impacto de escopeta que no llegó a alcanzar a ningún agente.
La mecha prendió pocas horas después de que la barca de Sergio R., conocido como El Bola, y de Ángel A., alias El Baila, zozobrase en mitad de un temporal de viento de poniente en las cercanías del puerto de La Atunara. Aunque la pequeña embarcación parece que iba sin carga, los investigadores sospechan que ambos —uno de ellos tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas— estaban en el mar para avituallar de combustible una narcolancha de hachís. Los policías presentes en tierra y los guardias civiles que llegaron poco después no pudieron hacer nada para salir a rescatarles, según sostiene la Policía Nacional. De hecho, para cuando los agentes llegaron, ya había una embarcación particular que rescató a los dos hombres que estaban flotando en el mar.
Pese a que se ha difundido un vídeo en el que se ve a los agentes realizar maniobras de reanimación a los siniestrados una vez en tierra, la mecha social prendió rápido a partir de un audio que circuló por WhatsApp, que aseguraba que los funcionarios habrían incurrido en una supuesta denegación de su deber de socorro, algo que también desmiente la Policía Nacional. “El mensaje mal intencionado no hace más que aumentar el estado de crispación entre los familiares, amigos y vecinos de los fallecidos (…). Fruto de las gestiones realizadas, se ha tenido constancia de que media hora después del suceso, una narcolancha estaba introduciendo un alijo por cortijo Aguilera en vez de estar salvando a los ahogados”, aseguraron el mismo lunes por la noche desde el cuerpo.
Los primeros disturbios se produjeron la tarde del lunes y en ellos participaron unas 300 personas, según las primeras estimaciones de fuentes cercanas a la Policía Local. Los exaltados quemaron una torreta de los vigilantes de la playa y colocaron barricadas con contenedores ardiendo en las inmediaciones de La Atunara. En los días siguientes, el conflicto se ha extendido al barrio de San Bernardo y se han formado grupúsculos que han actuado durante las noches. En la madrugada de este jueves, el enfrentamiento con la policía dio un paso más con un disparo de escopeta que impactó en un furgón policial.
El alcalde de La Línea, Juan Franco, estima que los altercados han ocasionado daños por 244.000 euros, sin contabilizar el coste de un vehículo de la Policía Local que ha quedado “destrozado”, según aseguró la tarde de este jueves tras una reunión de la Junta Local de Seguridad Extraordinaria. “El objetivo principal es parar este sinsentido, parece que anoche por lo menos se consiguió y esperemos que en un corto plazo siga esta situación de calma”, aseguró ayer. La policía mantiene desplegados a unos 70 antidisturbios de la UIP (Unidad de Intervención Policial) y UPR (Unidad de Prevención y Reacción), desplazados desde distintos puntos de la provincia de Cádiz, y ha asegurado que mantendrá la presencia de estas unidades hasta que se restablezca la normalidad.
En el trasfondo de los altercados, subyace un conflicto social en el que se han unido la falta de alternativas laborales y económicas en La Línea y el plan especial de seguridad que arrancó en el Campo de Gibraltar para atajar el problema del narcotráfico. El pasado miércoles más de 800 personas se manifestaron en La Atunara. Protestaban pidiendo justicia para los fallecidos y hartos de supuestos abusos policiales. El alcalde lleva años reclamando la aplicación de un programa social especial para hacer posible alternativas laborales y sociales para los más desfavorecidos de la localidad.
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