El Ejército Mexicano continúa ocultando información de inteligencia que permita avanzar en las investigaciones del caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A través de intervenciones telefónicas, el Ejército tuvo conocimiento de los pasos de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la que fueron vistos por última vez en Iguala, Guerrero, aseguraron en conferencia de prensa los integrantes del GIEI.
Hasta el momento los accesos a los archivos militares ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “han sido parciales”, sostuvo Ángela Buitrago, integrante del GIEI, un órgano creado en 2015 en acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de los jóvenes.
Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más, el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados”, añadió.
“Es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso centro regional de inteligencia militar”, insistió Buitrago.
La denuncia del GIEI se produce luego de que la comisión de la verdad creada por el presidente López Obrador para investigar lo ocurrido presentó un primer informe el 18 de agosto que acredita la participación de militares y exfuncionarios de alto nivel en la desaparición de los estudiantes.
Tras la presentación del informe de la comisión de la verdad, la justicia mexicana ordenó el mes pasado la detención de más de 80 personas involucradas en el caso.
Pero la fiscalía solo ha detenido a cuatro personas, entre ellas el exfiscal Jesús Murillo Karam y tres militares, y habría desistido de una veintena de ellas, según informaron los familiares.
Esto provocó la renuncia del fiscal para dirigir la nueva investigación sobre la desaparición de los estudiantes, Omar Gómez.
El lunes pasado se cumplieron ocho años de la llamada “Noche de Iguala”, cuando los 43 estudiantes intentaban apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
Según la versión del entonces gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficante del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.
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