El Congreso de la Unión mantiene en la congeladora desde hace cinco años 18 iniciativas de ley relacionadas a la ciberseguridad, sin embargo, hasta hoy, luego del hackeo al sistema de la Secretaría de la Defensa Nacional, los legisladores han mostrado preocupación por la gravedad de haberse vulnerado la seguridad en México.
Sin embargo, debido al ‘hackeo’ del que fue víctima la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo internacional denominado ‘Guacamaya’, dado a conocer el pasado 29 de septiembre.
En días recientes líderes parlamentarios urgieron a sus bancadas a iniciar un debate parlamentario para acelerar la creación de un andamiaje jurídico contra este robo de información.
Intentos que no se concretaron
Fue a partir de 2017 cuando, tanto diputados como senadores, se dieron a la tarea de presentar iniciativas con relación a la protección de la información digital.
Con propuestas que iban desde considerar como amenazas a la seguridad nacional a los actos provenientes del ciberespacio tendientes a sustraer, alterar o dañar información o infraestructura de la administración pública. Pasando por la creación de un Centro Nacional de Seguridad Cibernética, y una iniciativa que tiene por objeto facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de ciberseguridad.
Sin que, hasta la fecha, alguna pueda ser plasmada en la ley.
Apenas unos días antes de darse a conocer la filtración de información confidencial de la Sedena a diversos medios de comunicación, el 27 de septiembre, el Senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, presentó dos iniciativas en materia de Ciberseguridad: la primera, para crear el Centro Nacional de Seguridad Cibernética.
Mientras que una segunda propone reforma los artículos 6 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información libre de riesgos o amenazas y entre lo propuesto destaca:
1) “Establecer que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet… y facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan los principios para prevenir y combatir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos”.
Dicha propuesta es en concordancia a la iniciativa presentada en 2019 por el diputado de Morena, Javier Salinas Narváez, quien también buscaba reformar el artículo 73 de la Constitución y que planteaba como un deber de Estado garantizar la ciberseguridad de las y los usuarios.
“El Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional, que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”, dictaba la iniciativa que fue desechada apenas el 5 de marzo de 2022.
Cabe señalar que, en su momento, este proyecto causó preocupación entre defensores y legisladores que acusaban un intento de modificar la Constitución para regular el internet, con el argumento de la protección contra los delitos en el ciberespacio. Tema que se mantiene en el centro de la discusión.
Asimismo, luego de este tropiezo legislativo, las y los legisladores de ambas cámaras decidieron en febrero de este año emprender un esfuerzo conjunto, a través de foros, para crear una Reforma constitucional en materia de ciberseguridad.
México, primer lugar en intentos de ciberataques a nivel Latinoamérica.
El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín aseguró que el reciente ataque cibernético que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una muestra de la urgente necesidad de que el país cuente con una Ley Federal de Ciberseguridad.
Y recordó que la Cámara de Diputados impulsa la creación de una normatividad en la materia, en un trabajo coordinado con el Senado de la República. Javier López Casarín, detalló que tienen los insumos necesarios para perfilar una Ley Federal de Ciberseguridad, dónde la primera versión, es derivada de 15 iniciativas acumuladas en el Congreso de la Unión, misma que se prevé esté lista en octubre.
Para la iniciativa se ha consultado a las Fuerzas Armadas y al gabinete de seguridad, así como a representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada. Dónde se busca que el combate a los ciberdelitos sea parte de la seguridad nacional. Lo anterior, para perseguir y castigar ciberataques contra instituciones e infraestructura.
El funcionario indicó que México ocupa el primer lugar en América Latina en intentos de ciberataques, con 156 mil millones de afectaciones reportadas en 2021, es decir, unos 427 millones de ataques al día.
Por su parte, el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que el hackeo a la Sedena debe abrir un debate legislativo pues, dijo, en la Cámara de Diputados la Ley General de Ciberseguridad no ha sido impulsada por la agenda política de Morena o sus aliados, pese a las grandes necesidades y vacíos que existen derivados de la falta de legislación en la materia y que aquejan tanto al gobierno como a los particulares.
Moreira Valdez aseguró que el Estado Mexicano cuenta con los recursos humanos suficientes y capaces para brindar seguridad a las instituciones. No obstante, esto puede verse obstaculizado porque los recursos con los que se cuenta en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación no son suficientes, ni tampoco son prioridad del Ejecutivo y sus aliados del PT y PVEM.
Según datos del Congreso de la Unión, entre 2015 y junio de 2021, la dirección científica de la Guardia Nacional ha reportado más de 72,576 delitos cibernéticos.
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