La resolución del caso que ha puesto contra la pared al Gobierno de Australia, atacándole precisamente por su flanco más protegido históricamente, debe darse a conocer en las próximas horas. El conflicto entre Novak Djokovic y el departamento de Inmigración del país ofrecerá su último acto a partir de las 9:30 del domingo —en horario australiano, las 23.30 de la noche de este sábado en la España peninsular—. En función de qué dictamine el juez de las Cortes Federales, David O’Callaghan, el serbio, de 34 años, podrá debutar el mismo lunes en el Abierto de Australia. Por el contrario, si el recurso presentado por sus abogados no prospera, protagonizará uno de los procesos de deportación más mediáticos de los últimos tiempos.
Después de que Alex Hawke, el ministro de Inmigración australiano, decidiera ejercer la autoridad que le otorga su cargo y volviera a cancelar el visado de Djokovic el viernes por la tarde, el deportista fue detenido la mañana del sábado (hora australiana) tras ser interrogado por los oficiales de Inmigración, y trasladado a un paradero expresamente sin determinar pero que luego resultó ser el Park Hotel del barrio de Carlton, el mismo establecimiento donde el tenista ya estuvo retenido y en aislamiento cinco días, desde el jueves de la semana pasada hasta el lunes de esta, a su llegada a Melbourne. Allí se congregaron un par de decenas de manifestantes que pedían la liberación de las cerca de 30 personas recluidas allí, en busca de asilo político.
Los motivos que han llevado a Hawke a cancelar por segunda vez el visado de Djokovic son que el tenista serbio, número uno del mundo e influencia mundial en el deporte, podría incitar “disturbios civiles” y alentar a otros a evitar la vacunación contra la covid-19. Así lo reflejan los documentos que ha presentado a las Cortes Federales. Hawke dijo que aceptaba que la reciente infección por covid de Djokovic (dio positivo el 17 de diciembre) significaba que era un “riesgo insignificante para quienes lo rodeaban”, pero que “algunos lo percibían como un talismán de una comunidad antivacunas”.
“Considero que la presencia continua del señor Djokovic en Australia puede conducir a un aumento del sentimiento antivacunas de la comunidad australiana, lo que podría llevar a un aumento de los disturbios civiles del tipo que se experimentó anteriormente en Australia con mítines y protestas que pueden ser en sí mismos una fuente de transmisión comunitaria”, alega el ministro de Inmigración. La población con pauta completa no alcanza todavía el 78% en el país.
Recuerda Hawke, mano derecha del primer ministro, Scott Morrison, en todas las cuestiones relacionadas con las políticas fronterizas de Australia, que Djokovic no tuvo ningún reparo en acudir a una entrevista (con el diario l’Equipe) el día 18 de diciembre, 24 horas después de dar positivo. Y eso, según interpreta, puede ser un mal ejemplo. “Teniendo en cuenta la conducta del señor Djokovic después de recibir un resultado positivo, sus puntos de vista declarados públicamente, así como su estado de no vacunado, considero que su presencia continua en Australia puede alentar a otras personas a ignorar o actuar de manera inconsistente con los consejos de salud pública y las políticas australianas [en temas de prevención covid]”. Djokovic reconoció que no cancelar esa entrevista fue un error.
Melbourne se convirtió el pasado mes de octubre en la ciudad del mundo con más días acumulados bajo confinamiento estricto. En noviembre y diciembre, durante varios fines de semana, miles de personas se manifestaron allí y en otras ciudades en contra de la respuesta del Gobierno contra la pandemia y la obligatoriedad de la vacuna para la covid-19. Inmigración teme que Djokovic, que ha entrado a Australia sin vacunarse y con una exención médica, despierte otra vez las protestas.
Por el contrario, los letrados de parte del tenista buscaron poner en relieve la persecución a la que está sometido su cliente por el hecho de no estar vacunado, y quisieron destacar su “conducta filantrópica hacia Australia”, en concreto por sus generosas donaciones “en favor de la investigación del coronavirus, y de ayuda en la lucha contra los incendios que habitualmente azotan Australia”, han dejado constar en una carta los abogados del bufete Hall & Wilcox.
El equipo legal de Djokovic, además, argumentó que el ministro no consideró que la detención del serbio por parte del Gobierno y su posible expulsión forzosa del país también podrían incitar un sentimiento contra la vacunación. En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados alegan que Hawke adoptó un “enfoque ilógico, irracional e irrazonable sobre una cuestión de interés público” y también en “su propio ejercicio de la discreción ministerial”.
Aseguran que no hay evidencia que respalde la conclusión del ministro de que la presencia de Djokovic en Australia pueda fomentar “el sentimiento antivacunas”.
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