Este martes, Pablo Casado ha ido a Barcelona para lanzar desde allí un alegato solemne contra el acoso a la familia de Canet de Mar (Barcelona), que ha pedido recibir el 25% de la docencia de su hija de cinco años en castellano, y para reclamar al Gobierno de España que actúe para garantizar que se cumple la sentencia sobre la inmersión lingüística en Cataluña.
El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que active el requerimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución para intervenir las competencias educativas de la Generalitat si el Govern “persiste” en su desobediencia a los fallos judiciales que garantizan el porcentaje de clases en castellano.
Casado, que denuncia un “auténtico apartheid lingüístico” en Cataluña por el caso de Canet de Mar, ha avisado también al president y al conseller de Educación catalán que si continúan desobedeciendo su partido les llevará a los tribunales por varios delitos.
El líder popular se ha expresado en términos muy contundentes contra el acoso a la niña de Canet y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su “complicidad” al no impedir que el hostigamiento continúe.
“Quien señala a un niño por sus dogmatismos ideológicos y políticos es un enfermo moral. Los niños son sagrados. No se puede ni apedrear ni aislar a niños, en ninguna democracia en ningún país de Europa democrático se está tolerando esto.” expresa Casado.
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El jefe de la oposición denuncia que en este caso se están vulnerando los artículos 3 (que establece que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar el castellano) y 27 (la libertad de enseñanza) de la Constitución, y el artículo 27 de la Carta Europea de Derechos Humanos.
En consecuencia, el Govern de Cataluña está cometiendo “varios delitos”, advierte Casado. Por ahora, uno de desacato a las sentencias judiciales, ha explicado, que probablemente si se retrasa en el tiempo se convertiría en uno de desobediencia, ha especificado. “Y si sigue persistiendo, uno de prevaricación”. El PP, avisa su líder a Pere Aragonès y a su conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, llevará a los tribunales a los dos políticos ”para recabar la tutela judicial efectiva por la comisión de estos delitos” en caso de que “persistan” en su actitud.
Pero además el recorrido judicial, en el político el PP pide al Gobierno que inicie el procedimiento del 155 para intervenir la educación catalana si no hay un cambio de actitud en el Govern. Casado pide a Sánchez que active el requerimiento del 155.
En paralelo, el partido conservador prepara una “ley de lenguas” en caso de alcanzar el Gobierno para “blindar” la libertad de elección de la lengua en la educación, así como la “neutralidad lingüística” del espacio público y que el catalán pueda ser un mérito para el acceso a la función pública, pero no un requisito.
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