Padre condenado a pagar pensión atrasada

El 7 de enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que cambia el panorama para los padres biológicos que se niegan a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Con este fallo, se reafirma que la pensión alimenticia retroactiva es un derecho humano inalienable de los hijos, que no puede ser negociable o condicionada a la conducta de otros familiares.

El Pleno de la SCJN revocó por unanimidad los amparos que favorecían a un padre en Guanajuato, quien se negaba a pagar la pensión alimenticia retroactiva de su hija de 19 años. La corte subrayó que el deber de proporcionar alimentos no se considera una medida punitiva, sino una responsabilidad jurídica que emana del vínculo de paternidad. Este tipo de pensión se debe liquidar independientemente de la voluntad de otros padres o abuelos que, como en este caso, hayan asumido responsabilidades en la crianza del menor.

Este caso específico se centró en el amparo 7178/2024, donde una madre demandó el reconocimiento de la paternidad de su hija y el pago de una pensión alimenticia. El padre biológico argumentaba que la niña había sido reconocida legalmente por su abuelo materno y, por ende, no debía asumir gastos. Sin embargo, la SCJN determinó que el reconocimiento por parte del abuelo no exime al padre de su obligación legal.

Además, la corte afirmó que el monto de la pensión retroactiva se fijará caso por caso, tomando en cuenta aspectos como si el padre tuvo conocimiento del embarazo o el nacimiento, así como su buena o mala fe y capacidad económica.

La SCJN también atendió otros casos en los que algunos padres habían estado pagando menos de lo que la ley estipulaba. Ante esto, se ordenó que cumplan con el pago completo, reiterando el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir la pensión alimenticia que les corresponde.

Este fallo sienta un precedente relevante en la jurisprudencia mexicana, fortaleciendo el derecho de los menores a recibir una pensión alimenticia justa y completa, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren sus familias. Es un paso significativo hacia la protección de los derechos de los niños en el país.

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