Este jueves, Argentina vivió una huelga general sin precedentes contra la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. La convocatoria, respaldada por fuentes sindicales, tuvo una adhesión notable, destacándose en el sector del transporte público, a medida que el Congreso avanzaba en el debate de la controvertida iniciativa.
Los sindicatos, liderados por la central obrera, han calificado la reforma como “regresiva y anticonstitucional”. Las modificaciones propuestas incluyen la reducción de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral a 12 horas y limitaciones al derecho de huelga, entre otros aspectos. De acuerdo con la central obrera, estas medidas podrían deteriorar aún más las condiciones laborales de los trabajadores.
El debate sobre la reforma comenzó en la Cámara de Diputados poco después de las 14:00 horas locales (17:00 GMT), mientras sindicatos y organizaciones de izquierda se congregaban frente al Congreso, que había sido resguardado por fuerzas policiales. Esta pieza legislativa es uno de los pilares del plan de Milei, quien busca su aprobación en la segunda mitad de su mandato, aprovechando su reciente victoria en las elecciones legislativas de octubre y el éxito en la reducción de la inflación interanual a 32% en dos años.
“Esta reforma empeora la situación del trabajo”, expresó Amílcar La Cueva, metalúrgico de 55 años, en medio de la manifestación frente al Congreso. Por su parte, el gobierno arguye que la reforma permitirá una disminución de la informalidad laboral, que actualmente afecta a más del 40% del mercado, y la creación de nuevos puestos de trabajo mediante la reducción de cargas impositivas para los empleadores.
La central obrera, a través de su cotitular Jorge Sola, afirmó que el nivel de acatamiento de la huelga fue inusualmente alto, señalando que algunos autobuses decidieron no sumarse a la convocatoria, lo que permitió un funcionamiento limitado del transporte. Algunos comercios, aunque con escaso número de clientes, abrieron, reflejando un panorama similar al de un fin de semana. Carlos Totta, encargado de una carnicería, comentó sobre las instrucciones de su dueño para que solo él asistiera al local.
Esta huelga representa la cuarta movilización general durante la administración de Milei, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos participando en la instalación de la “Junta de Paz” de su aliado, el expresidente Donald Trump. En el centro de Buenos Aires, los bancos y financieras permanecieron cerrados como parte de la protesta.
El impacto en el transporte aéreo fue significativo, con alrededor de 255 vuelos de Aerolíneas Argentinas reprogramados, afectando a cerca de 31,000 pasajeros. Las instalaciones del aeropuerto metropolitano de Buenos Aires parecían desiertas, en contraste con los aviones estacionados en pista.
Además, los trabajadores portuarios interrumpieron operaciones en terminales clave como la de Rosario, uno de los portos agroexportadores más importantes del mundo. En respuesta a la huelga, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, calificó la medida como “extorsiva”, argumentando que los sindicalistas complicaban la vida de los trabajadores.
Un polémico artículo que proponía reducir a la mitad el salario durante los períodos de enfermedad fue eliminado del proyecto original, mientras el oficialismo busca aprobar la reforma antes del 1 de marzo, coincidiendo con el discurso de Milei ante el Congreso para abrir las sesiones ordinarias.
En un contexto de caída de la actividad industrial, que ha llevado al cierre de más de 21,000 empresas y la pérdida de aproximadamente 300,000 empleos en los últimos dos años, la reforma se enfrenta a una creciente oposición. Recientemente, la planta de Fate, principal fabricante de neumáticos del país, anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, citando la disminución de competitividad debido a la apertura de importaciones.
La semana pasada, cuando la propuesta se debatía en el Senado, una masiva manifestación fue dispersada por la policía, resaltando la tensión en torno a la reforma laboral. El gobierno, en un comunicado poco común, advirtió a los medios sobre el “riesgo” de cubrir las protestas, prometiendo que sus fuerzas actuarían ante cualquier acto de violencia.
Este panorama se desarrolla en un contexto de creciente descontento social y una búsqueda del gobierno por implementar profundas modificaciones laborales en medio de un escenario económico complicado.
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