En un acto que resalta las tensiones entre derechos adquiridos y nuevas reformas, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se manifestaron frente a la Torre de Pemex en la Ciudad de México. Su demanda principal es la revocación de una reforma constitucional que impone un tope a sus pensiones, específicamente dirigido a ex altos mandos de confianza de estas instituciones.
Constituidos en la Alianza Nacional de Pensionados, estos manifestantes expresan su rechazo a una reforma aprobada en marzo que limita sus pensiones a un máximo equivalente a la mitad del salario mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, alrededor de 67,145 pesos. Sin embargo, una interpretación reciente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal ha revelado una contradicción en el texto de la reforma. Según un oficio reciente, el tope se establecería en el salario total de la presidenta, que asciende a 134,290 pesos mensuales, lo que ha generado confusión y descontento entre los jubilados.
Antonio Vega, vocero de la Alianza y también jubilado de la CFE, reiteró que es fundamental corregir lo que él califica como “una reforma que nació con errores” y exigió al Congreso que respete los derechos adquiridos por años de trabajo y dedicación. “No estamos pidiendo el cielo, solo un reconocimiento a nuestras aportaciones al país”, enfatizó Vega durante la protesta.
Desde la entrada en vigor de la reforma, han surgido inconsistencias en su aplicación. Algunos pensionados ya están recibiendo sus pagos con el nuevo límite, pero se han reportado casos en los que, en lugar del tope estipulado, algunos exfuncionarios están siendo compensados incluso por debajo de dicho límite. “En un estado, de cada tres pagos, uno se hizo incorrectamente. Eso es inaceptable,” argumentó Vega, señalando la ineficiencia en el sistema de asignación de pensiones.
El segundo transitorio del artículo 127 constitucional se presenta como un cambio significativo en las condiciones de derechos ya consolidados, creando efectos retroactivos que, según los jubilados, vulneran sus derechos y socavan uno de los pilares del Estado de Derecho en México.
A medida que la controversia persiste, la atención se centra en cómo el gobierno y el Congreso abordarán estas demandas y si se lograrán consensos que respeten y protejan los derechos de quienes han dedicado su vida al servicio público. Lo que está en juego no solo es el futuro financiero de estos jubilados, sino también la confianza en las instituciones del país.
Actualización: Los datos corresponden a 2026-07-29 14:38:00.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
