Vivencias Ciudadanas - Pensiones: el diálogo que no puede simularse

El problema de las pensiones en Morelos dejó de ser solamente financiero y jurídico. Hoy es, ante todo, un problema político, y uno que puede crecer de manera peligrosa si el gobierno insiste en confundir reuniones parciales con una negociación verdadera. El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, y el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, han sostenido encuentros con representantes de algunas organizaciones. Sin embargo, los dirigentes de los sindicatos con mayor peso y capacidad de movilización no se sienten representados en esos acuerdos ni consideran que exista una mesa seria en la que puedan intervenir en las decisiones de fondo.

Ése es el punto central. Un gobierno puede reunirse con muchas personas, tomarse fotografías y anunciar avances, pero eso no significa necesariamente que haya construido un acuerdo. En un conflicto laboral importa tanto el número de reuniones como la representatividad de quienes se sientan a la mesa. Si los sindicatos más fuertes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permanecen fuera, cualquier entendimiento será incompleto y, tarde o temprano, terminará por desconocerse.

La creación de un Instituto de Pensiones y Jubilaciones no es un asunto menor ni puede tratarse como una simple modificación administrativa. Se pretende cambiar la forma en que el Estado atenderá obligaciones que se construyeron durante décadas. Ahí están involucrados el patrimonio, la seguridad económica y el futuro de miles de trabajadores activos, jubilados y sus familias. Por ello, intentar crear el organismo sin la participación efectiva de los sindicatos no sólo sería un error de procedimiento: sería una imprudencia política.

El gobierno sostiene que no existe todavía una iniciativa concluida y que los derechos adquiridos serán respetados. Esas son afirmaciones importantes, pero ya no basta con repetirlas. Si se quiere recuperar la confianza, deben convertirse en compromisos verificables: presentar el diagnóstico financiero completo, entregar un estudio actuarial independiente, explicar de dónde provendrán los recursos del nuevo organismo, garantizar por escrito la no retroactividad y establecer con claridad quién administrará el dinero y cómo será vigilado.

Los trabajadores tienen derecho a saber si el instituto contará con patrimonio suficiente o si solamente se pretende trasladar el déficit a una nueva oficina. También deben conocer si habrá cuotas adicionales, modificaciones en la edad o los años de servicio, topes distintos, cambios en el aguinaldo o restricciones futuras. Mientras esas preguntas no sean contestadas con documentos, seguirá creciendo la sospecha de que primero se quiere crear el organismo y después definir las reglas. Así no se construye confianza.

También es necesario distinguir entre derechos y abusos. Defender a quienes trabajaron durante treinta años o más no significa proteger jubilaciones obtenidas con antigüedades infladas, documentos dudosos o unos cuantos años en cargos públicos. Las pensiones irregulares deben investigarse y, cuando existan elementos, anularse mediante procedimientos legales. Pero la falta de dinero del gobierno no puede cargarse sobre quienes cumplieron con todos los requisitos. Una cosa es cerrar la puerta a los privilegios y otra muy distinta reducir derechos legítimamente adquiridos.

Lo más preocupante es la falta de capacidad de negociación política. Las secretarías de Gobierno y de Administración y Finanzas deberían estar construyendo una ruta de entendimiento con los interlocutores difíciles, no únicamente con quienes están dispuestos a escuchar o aceptar acuerdos parciales. La función de la política interior consiste precisamente en sentar a quienes piensan distinto, reconocer su fuerza, encontrar coincidencias y evitar que el conflicto llegue a las calles. Negociar con los cercanos es sencillo; gobernar exige negociar con quienes tienen capacidad real para oponerse.

El momento, además, no podría ser más delicado. Aunque el INE fijó para el 10 de septiembre el inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, la cuenta regresiva política ya comenzó. El próximo año se renovará la Cámara de Diputados y las decisiones de los gobiernos serán evaluadas en las urnas. En Morelos, donde también estarán en juego presidencias municipales, diputaciones y otros espacios de poder, cualquier conflicto con miles de trabajadores y jubilados tendrá consecuencias electorales.

Sería un grave error pensar que el problema se limita a los dirigentes sindicales. Detrás de cada trabajador hay una familia, y alrededor de cada sindicato existe una red social y política. Una movilización, un paro de oficinas o una protesta prolongada no sólo afectaría la operación gubernamental; también reforzaría la percepción de un gobierno que no escucha y que pretende imponer decisiones. Cuando empieza la competencia electoral, esa imagen pesa más que cualquier campaña publicitaria.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. La gobernadora Margarita González Saravia debe ordenar una mesa única, pública en sus acuerdos y verdaderamente representativa, en la que participen los sindicatos de mayor presencia, los trabajadores jubilados, especialistas actuariales, el Congreso y los tres poderes. No se trata de entregarles el control de las finanzas públicas, sino de reconocer que ninguna reforma será viable si nace sin legitimidad.

El Instituto de Pensiones puede ser necesario para garantizar el futuro del sistema, pero sólo tendrá posibilidades de funcionar si surge de información transparente, reglas claras y un acuerdo amplio. Crearlo sin los sindicatos sería fabricar, desde el gobierno, una crisis política innecesaria. Y hacerlo cuando el proceso electoral está por comenzar sería, además de una torpeza administrativa, un costoso error electoral. ¿No cree usted?