El fiscal que investiga el derrame ocurrido el pasado 15 de enero frente a la costa central de Perú ha incorporado a las pesquisas en calidad de investigado al capitán del buque Mare Doricum, que descargaba miles de barriles en las instalaciones de la refinería peruana de La Pampilla, propiedad del grupo español Repsol. La Fiscalía peruana apunta contra Giacomo Pisani, de nacionalidad italiana, por la presunta comisión de un delito de “contaminación ambiental dolosa”, según un documento oficial fechado el pasado día 18 y al que ha tenido acceso este diario.
La incorporación en la investigación de Pisani llega poco más de una semana después de que la empresa española iniciase acciones legales que pueden conducir a una demanda multimillonaria contra el armador del buque. La naviera para la que trabajaba el petrolero es la singapureña Teekay Tankers Chartering Pte. Ltd, y el propietario del buque es la italiana Fratelli D’Amico Armatori S.p.A.
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El fiscal Ariel Tapia, de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Lima Noroeste, ha tomado la decisión a partir de la revisión de documentación y declaraciones recabadas, y bajo la hipótesis de que la rotura o fragmentación del llamado plem (las siglas de pipeline end manifold o colector de final de tubería) se produjera “por impacto o tirón del tren de mangueras desde el buque”. Esa mención da alas a la teoría defendida de la energética española, que culpa de lo ocurrido a un movimiento anómalo de la embarcación. Tapia llama, además, a declarar a la tripulación que estuvo involucrada en las maniobras de amarre y en la reposición del barco, y ordena la recopilación de las imágenes de vídeo “que registren el puente de mando del buque sobre las actividades de cubierta”.
La Fiscalía también investiga las “hipotéticas malas condiciones del plem”, pero el presidente del el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Jaime Raúl Mendoza Gacon, señaló ante el Congreso peruano que dicha instalación había sido objeto recientemente de diferentes trabajos de supervisión a través de los que se “aseguraba que esas instalaciones estaban en perfecto estado para operar”.
Más allá de Pisani, en la investigación judicial también están incluidos el máximo responsable de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta —a quien la justicia ha prohibido salir del país andino en un año y medio—; así como a otros cinco mandos de la refinería. El buque está inmovilizado en el puerto del Callao desde el 16 de enero, pero a pedido del fiscal Tapia el 28 de enero un juzgado ordenó su incautación.
El Ministerio de Ambiente del país sudamericano calcula que el vertido en el mar de 11.900 barriles de petróleo afecta 116 kilómetros cuadrados de aguas y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La petrolera española, por su parte, reduce la cifra hasta 10.396 barriles.
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