La pista del dinero ha fructificado en la Operación Pompeya, la investigación judicial abierta contra los dueños de 16 grandes burdeles de España. El magistrado José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto este martes sentar en el banquillo a 32 implicados en esta enorme red de fraude fiscal, que ocultaba supuestamente a Hacienda parte de los ingentes beneficios que obtenía de la venta de copas y de los “pases del servicio de alterne” que se ofertaban en locales distribuidos por ocho provincias. Entre los establecimientos bajo sospecha se encuentran el club Flower’s, uno de los mayores prostíbulos de Madrid; y el Riviera, en Castelldefels (Barcelona), ya derribado, pero que fue el mayor puticlub del país durante años.
El juez
Atribuye 119 delitos fiscales a los imputados, cifra el fraude en más de 111 millones de euros, “en concepto de cuotas tributarias no ingresadas del IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF”. Según el auto de procesamiento dictado este martes, los sospechosos se organizaban en seis subtramas: cinco de ellas se dedicaban a la explotación de los clubes de alterne que tenían bajo su control —estas las encabezaban los propietarios: Antonio Herrero; José Vera; Ángel Crispín Gilaranz; José Moreno Gómez; Santos Pérez Vargas; y José Arsenio Pérez Vieitez, alias El Presidente—; y la sexta, liderada por Jesús María Larrañaga, se ocupaba de la “operativa de ocultación de ingresos”.
Según explica Calama, Larrañaga “se presentaba en los clubs, hablaba con sus dueños, les exponía el problema tributario que tenían y les ofrecía la posibilidad de burlarlo gracias a Larratruk SL”, una sociedad que él administraba. Para ello, según indica el sumario, les instalaba unos datáfonos que los prostíbulos usaban para cobrar a los clientes. Los burdeles cargaban así los abonos en cuentas bancarias de la empresa de Larrañaga, que ejercía como pantalla “para ocultar el verdadero destinatario del pago efectuado”, según describe el juez instructor.
En palabras del magistrado, Larratruk prestaba así un servicio de “intermediación”, que no solo beneficiaba a los prostíbulos, sino también a quienes acudían a los puticlubs. Porque, cuando los clientes pagaban con tarjeta en estos locales, no les aparecía en los extractos los “nombres o datos relacionados” con los burdeles, sino que constaba como acreedora la empresa de Larrañaga.
Sobreprecio del 10%
El pago con tarjeta llevaba asociado, además, una comisión extra para el cliente. Según el juez, se le cobraba un sobreprecio del 10%, que después se repartía la trama “a la hora de ajustar las cuentas”. El 6,5% se lo quedaba Larrañaga y el otro 3,5%, los dueños del establecimiento donde se había producido la transacción. Para justificar este importe, los investigadores apuntan que el burdel facturaba entonces a Larratruk SL “por conceptos ajenos a la verdadera naturaleza de la transacción”. Un concepto simulado que con frecuencia figuraba como de “arrendamiento”, dice el juez.
“Conocidas las cifras de las comisiones que se llevaba Larratruk y comparando las cifras de facturación con las declaradas, se advierten grandes diferencias. Lo que permite inferir que se habrían ocultado cifras muy elevadas a Hacienda”, apunta Calama en su auto, donde apostilla: “Los ingresos por tarjeta derivados de ‘pases [del servicio de alterne]’ van a una cuenta compartida, [a la que tenía acceso los burdeles]. De estos ingresos, se retiran cantidades que parece que no se declaran. Solo se declara la cantidad que corresponde al club por el sobrecoste aplicado a esta modalidad de pago, y ello encubierto por denominaciones equívocas”.
Esta investigación se inició en 2014 tras una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de personas, blanqueo de capitales, organización criminal y relativos a la prostitución.
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