La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que inicie un juicio oral contra Ponsatí por un presunto delito de desobediencia. La acusación se basa en su participación en el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña en 2017.
Según el informe presentado por la Fiscalía, Ponsatí, ex consejera de Educación de la Generalitat de Catalunya, habría desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional de España al permitir y fomentar la celebración del referéndum, el cual fue declarado ilegal por las autoridades españolas.
En el documento se argumenta que Ponsatí tenía conocimiento de la ilegalidad de sus actos y que, a pesar de ello, decidió continuar con la organización y promoción del referéndum. Además, se le acusa de haber empleado los recursos públicos a su disposición en dicho propósito, lo cual sería considerado un acto de malversación.
De acuerdo con el Código Penal español, el delito de desobediencia puede ser castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de hasta dos años. En el caso de Ponsatí, se espera que la Fiscalía solicite una pena similar, además de una multa económica como reparación del daño causado.
El proceso judicial contra Ponsatí forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades españolas para sancionar a los líderes políticos y funcionarios públicos involucrados en el proceso de independencia de Cataluña. Desde 2017, se han iniciado diferentes procesos judiciales contra ex miembros del gobierno catalán, incluyendo al ex presidente Carles Puigdemont.
En respuesta a la solicitud de juicio oral, la defensa de Ponsatí ha alegado que su participación en el referéndum fue amparada por el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la participación política. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estos derechos no pueden prevalecer sobre las decisiones del Tribunal Constitucional y que, en cualquier caso, Ponsatí habría sobrepasado los límites permitidos.
El caso de Ponsatí plantea nuevamente el debate sobre los límites de la autonomía de las regiones en España y el equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales y el cumplimiento del marco legal establecido. La decisión final del Tribunal Supremo respecto a la apertura del juicio oral contra Ponsatí será fundamental para sentar un precedente en este sentido.
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