El poder, la corrupción y el INE

En los comentarios sobre el pantano descubierto en el INE se ha puesto la atención en cargar la responsabilidad a Morena por el procedimiento de elección y por la colonización de miembros de ese partido de cargos directivos y al Consejo General del INE se le carga la responsabilidad de los actos de consejeros y consejeras en los institutos electorales de las entidades federativas. El problema es más complejo y requiere de reflexiones más profundas. El Banco Mundial a partir del año 2000 distingue entre la "corrupción administrativa" y "captura del Estado". Ambas formas han sido catalogadas como "formas de una corrupción grande".

La captura del Estado ha sido definida cuando "empresas que definen y afectan la formulación de las reglas del juego a través de pagos privados a políticos y funcionarios públicos". Como toda tipología es útil para analizar la realidad, pero como ocurre con regularidad la realidad la desborda.

El concepto "captura del Estado" se puede ampliar a cuando los "actores económicos, sociales o políticos definen y afectan la formulación de las reglas del juego, a través de pagos privados o del erario, algún otro tipo de beneficio a políticos y funcionarios públicos". Lamentablemente en México existe una corrupción sistémica, que es un lubricante para el funcionamiento del engranaje político. El caso del INE es un caso más. Para analizarlo se puede recurrir a la fórmula creada por Robert Klitgaard: C=M+D-R. Donde C, es corrupción; M, monopolio; D, discrecionalidad y; R, rendición de cuentas.

Las empresas proveedoras de materiales electorales era un monopolio disfrazado de oligopolio. Iniciaron sus actividades en 1989 produciendo materiales básicos, al paso del tiempo se fueron sofisticando y ampliaron su oferta técnica. La creación del IFE (1990) y los institutos electorales de las entidades federativas a lo largo de la década de los noventa permitió a estas empresas crear un nicho de mercado, con prácticas fraudulentas. Hasta 2014 los negocios turbios eran descentralizados. A partir de 2014 con la creación del INE se abrió la posibilidad de centralizar los mecanismos de corrupción.

La discrecionalidad es producto de la visión concentradora del poder y de la centralización en la organización de las elecciones. Desde su fundación el diseño organizacional del IFE se concentró en la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.

La Comisión de Administración del IFE nunca estuvo como permanente en la ley, fue creada por acuerdo del Consejo General en noviembre de 1996, jugando un papel de verdadero contrapeso, lo que ocasionaba roces. En 2008 se suprimió y el control de la administración se concentró en la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. Una mejor salida hubiera sido no suprimirla y modificar sus atribuciones para cumplir funciones de seguimiento y de hacer recomendaciones sobre deficiencias detectadas y dar vista a la contraloría interna en caso de encontrar indicios de irregularidades.

La reforma electoral de 2014 fue aprobada por todos los partidos y evidenció la visión centralista de la clase política, que fue no inconstitucional, sino inconstitucional porque atentó contra la forma de gobierno republicana y federal. Concentro en el INE una gran cantidad de atribuciones para organizar las elecciones locales cercenando las competencias de los institutos electorales locales.

El Consejo General del INE no escapó a esa visión centralista, aprobó el Reglamento de Elecciones por mayoría abrumadora, con un solo voto en contra, que invadió ámbitos de competencia de los institutos electorales y de los propios congresos de las entidades federativas. En particular un consejero se insuflaba cuando hablaba de la "calidad INE", para imponer a los institutos estatales las medidas de seguridad en las boletas o la calidad de los materiales de las mamparas y las urnas y muchas cosas más. Cumplir con esos criterios fue un factor que empujó a los institutos electorales de los estados a contratar con ciertas empresas para tener la "calidad INE" y fueron cayendo en manos del monopolio empresarial.

Recientemente se hizo público en la Comisión del Registro Federal de Electores, que la Dirección Ejecutiva tenía que aprobar o desaprobar a las empresas que realizarían el PREP en las elecciones locales, ante el cuestionamiento de asesores de los consejeros electorales, de que cuales eran los criterios para decidir si una empresa era idónea o no. La respuesta fue que así se había hecho en 2024 y seguramente en 2021 o 2018, a saber. Este tipo de criterios dejan mal sabor de boca y huele a contubernio de alguien y no se sabe desde cuándo.

El argumento de sacar a los gobernadores de las elecciones locales se utilizó para darle la atribución al Consejo General de elegir a los consejeros de los institutos electorales locales, lo que dejó en manos de 11 personas decisiones que estaban dispersas en los treinta y dos congresos de los estados. Ese argumento era falaz y la realidad lo ha confirmado.

La concentración de ese poder ha acarreado mayores e innecesarias presiones al organismo electoral y fue abonando el camino de una mayor discrecionalidad de los órganos de dirección del INE. El IFE-INE nacieron para organizar las elecciones federales y vigilar el apego de las acciones de los partidos a la ley, no para resolver problemas de equilibrios de poder entre los partidos.

Lo que antes era un acuerdo político en los congresos locales ahora se convierte en un conflicto para el INE por las irregularidades probablemente cometidas por algunos consejeros locales, por que hasta el momento en el caso de los estados no se han presentado pruebas como en el INE. Si un instituto le compró materiales a alguna de las empresas coludidas no es una prueba de que haya cometido algún acto ilegal. La cereza del pastel de la discrecionalidad la colocó la 4T al reformar la ley para otorgarle a la presidencia del INE la facultad de nombrar discrecionalmente a los directivos de la institución, excepto el secretario Ejecutivo que es elegido por el Consejo General. Nuevamente la visión centralista y controladora prevaleció. Esta reforma legal puso el arca abierta a la disposición de la presidencia del INE.