La próxima semana, el Senado de México se prepara para votar una importante reforma constitucional destinada a reducir la jornada laboral. Este dictamen es solo uno de los dos necesarios para implementar una disminución en el tiempo de trabajo; el segundo cambio implica modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Ambas iniciativas fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió dos proyectos al Senado en diciembre pasado.
La reforma constitucional daría inicio al trámite legislativo que busca modificar la LFT, estableciendo un marco temporal de 90 días, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, para ajustar la legislación secundaria. En esencia, tanto la reforma constitucional como los cambios a la LFT tienen como finalidad limitar la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque de manera gradual. La diferencia radica en el tiempo de preparación que se otorga a las empresas y los procedimientos para incrementar las horas extraordinarias.
Según el plan delineado, se estipula que las empresas tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a la primera reducción horaria, programada para entrar en vigor el 1 de mayo de este año, con una disminución inicial de dos horas prevista a partir del 1 de enero de 2027. Además, se define un marco para el incremento paulatino de las horas extraordinarias, comenzando con una adición de una hora por año desde 2028, hasta alcanzar un nuevo límite de 12 horas semanales en 2030.
Un aspecto significativo de la reforma a la LFT es la inclusión de un registro electrónico del tiempo de trabajo, el cual será obligatorio para los empleadores. Esta información tendrá que estar disponible para ser solicitada por las autoridades correspondientes; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se encargará de establecer las reglas de operación para este sistema y sus excepciones, tal como lo ha propuesto la presidenta Sheinbaum.
La disminución de la jornada laboral se llevaría a cabo de forma gradual, siguiendo un calendario específico: en 2027 se trabajará 46 horas, en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y finalmente, 40 horas en 2030. Este esquema representa un avance en la búsqueda de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal para los trabajadores mexicanos.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos del Senado convocaron a una reunión ordinaria para el 10 de febrero, con la intención de votar el dictamen de la reforma constitucional. Se prevé que en esa misma semana, el pleno de la Cámara Alta también se pronuncie sobre esta propuesta. Es probable que antes de finalizar febrero, al menos la reforma constitucional complete su trámite en el Congreso.
Estos cambios podrían tener un impacto significativo en la vida laboral de millones de mexicanos, y se espera que la próxima semana marque un hito en la historia laboral del país. Con la votación en el horizonte, se abre la puerta a un futuro donde el balance entre trabajo y descanso se convierta en una prioridad.
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