La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a su primer informe presidencial con un respaldo ciudadano que ronda los niveles históricos. La encuesta de El Financiero le otorga 74 % de aprobación; otras mediciones, como la de Enkoll, la sitúan incluso en 79. Es decir, la Presidenta se coloca como una de las figuras con mayor legitimidad política en el arranque de su administración. Este respaldo no es gratuito: en varios rubros estratégicos, su gobierno ha alcanzado calificaciones sobresalientes.
La economía, por ejemplo, ha sido manejada con una disciplina que le ha permitido a México sortear un escenario global complejo. La política de aranceles, la relación bilateral con Estados Unidos y la consolidación del Tratado de Libre Comercio marcan una línea de estabilidad que se traduce en inversión y confianza. En materia de seguridad, el gobierno ha concentrado esfuerzos en la captura de bandas y líderes del crimen organizado y en la reducción de delitos de alto impacto como feminicidios y extorsiones. En el frente migratorio, México se ha convertido en un contrapeso humanitario frente a la política de expulsiones de Donald Trump, protegiendo los derechos de los connacionales y reivindicando su dignidad.
Ese es el telón de fondo. Pero el verdadero parteaguas de esta semana política no sólo está en el Ejecutivo, sino también en el Judicial. Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio su mensaje y con él un compromiso que puede marcar época.
Aguilar, primer abogado indígena mixteco en encabezar la Corte, asumió con un discurso que rebasa las formalidades jurídicas. Prometió una Corte más humana y accesible, donde la justicia deje de ser vista como un privilegio reservado para pocos. Subrayó que los ministros habrán de ganar menos que la Presidenta de la República y renunciarán a seguros privados, optando por la cobertura pública de salud. Un gesto simbólico, sí, pero también político: la justicia debe despojarse de excesos para acercarse a la ciudadanía.
En su mensaje, Aguilar colocó en el centro a la perspectiva de género, los derechos humanos y el respeto a los compromisos internacionales de México. Habló de pluralidad, de interculturalidad y de un sistema judicial que refleje la diversidad del país. Con ello envió un mensaje claro: la justicia no puede seguir siendo ajena a las realidades sociales.
El compromiso de una Corte austera y sin nepotismo es ambicioso. Significa revisar privilegios, pero también mecanismos de designación y operación. Significa abrir puertas y ventanas a la transparencia. Y significa, sobre todo, devolverle a la justicia el sentido igualitario que tantas veces se le ha reclamado.
Más allá de los jaloneos políticos en la renovación de las mesas directivas del Congreso, lo que está en juego es algo mayor: que el Poder Judicial se convierta en garante de una justicia que no discrimine ni privilegie, que sea confiable, cercana y efectiva.
Así, mientras la presidenta Sheinbaum celebra sus primeros logros con índices de aprobación inéditos, el presidente de la Corte inaugura un ciclo de expectativas. Ambos coinciden en un punto crucial: la necesidad de construir instituciones que sirvan, que respondan y que representen a todos. El camino no está exento de riesgos —el fantasma de la politización de la justicia ronda—, pero lo cierto es que México atraviesa un momento en el que la ciudadanía observa con atención.
El informe de esta semana nos deja una enseñanza: el futuro de la nación no sólo se define en Palacio Nacional, sino también en la Suprema Corte. Y hoy, más que nunca, ambos Poderes parecen llamados a escribir una nueva página en la historia de la justicia y la democracia en México. Ojalá el Poder Legislativo aprenda de sus pares y en lo sucesivo dé muestras de austeridad, eficacia y altura de miras con la nación. ¿O no, estimado lector?
