La administración de Claudia Sheinbaum se prepara para implementar medidas que afectarán las pensiones de jubilados de sectores privilegiados, en un esfuerzo por ajustar el gasto público y poner en orden los recursos del gobierno mexicano. La presidenta ha anunciado una revisión exhaustiva de las pensiones, particularmente aquellas que son percibidas por grupos minoritarios de trabajadores de confianza, como los de Pemex y de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La amenaza de tocar estos “privilegios” inicialmente generó inquietud acerca de la posible aplicación retroactiva de nuevas leyes. Sin embargo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha confirmado que cualquier cambio legislativo no afectará los derechos adquiridos por los jubilados, garantizando así que las modificaciones solo se aplicarán de manera prospectiva.
Este análisis de las pensiones se enmarca dentro de un contexto más amplio donde el gobierno también reconsiderará los esquemas de pensiones en otras entidades, como la Comisión Federal de Electricidad y diversas instituciones de banca de desarrollo. La administración ha manifestado que espera que los beneficiarios actúen de buena fe, incluso sugiriendo que algunos de ellos opten por renunciar a los elevados montos que reciben.
A medida que el gobierno pone el foco en la revisión de estas pensiones, destaca la preocupación por las cifras. En el caso de Pemex, alrededor de 22,316 jubilados reciben anualmente un total de 24,844 millones de pesos, lo que se traduce en que sus pensiones son, en promedio, 39 veces más altas que lo que percibe un jubilado promedio en México. Por otro lado, los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que cuenta con 14,073 jubilados, reciben anualmente un total de 28,074 millones de pesos, alcanzando hasta 140 veces más que el promedio nacional.
Este disparidad representa una carga considerable para el presupuesto del gobierno, que, para el año en curso, destina un total de 52,918 millones de pesos a 36,389 pensionados de estas entidades. Las pensiones en cuestión, legalmente establecidas y consideradas como derechos adquiridos, son también identificadas como un legado del periodo neoliberal en México. Cabe recordar que parte de estos beneficios fueron restaurados por la administración anterior, liderada por Andrés Manuel López Obrador, quien revirtió cambios realizados por su predecesor, Felipe Calderón.
Como respuesta a la creciente presión fiscal y a la necesidad de recortar gastos, la administración actual está considerando una revisión jurídica y constitucional. Este esfuerzo también incluirá mejoras en el intercambio de datos con autoridades estatales para llevar un control más eficaz del padrón de pensionados.
Este enfoque hacia las “pensiones de oro”, como se les ha denominado, es parte del intento del gobierno por lograr una mayor equidad en el gasto público, en un contexto donde se busca un ajuste fiscal necesario para la estabilidad económica del país.
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