México enfrenta un problema alarmante: se posiciona como el segundo país a nivel mundial con mayor prevalencia de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, además de ser el primer lugar global en consumo de pornografía infantil. Esta grave situación ha convertido al sector de viajes y turismo en un punto crítico para la facilitación de estos delitos.
Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Turismo, con cambios que buscan abordar esta problemática de manera directa. Las reformas, aprobadas por ambas cámaras, añaden las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de la ley. Estas medidas, que entraron en vigor el 8 de octubre de 2026, obligan a hoteles, moteles, alquileres digitales y empresas de transporte turístico a solicitar documentos oficiales que verifiquen el parentesco, patria potestad, tutela o custodia legal de cualquier adulto que viaje con menores. Si el adulto no presenta la documentación requerida, se les deberá negar el servicio.
Esta iniciativa tiene un objetivo claro: frenar el turismo sexual que involucra a menores. Además, se exige que los establecimientos implementen protocolos y acciones preventivas para detectar situaciones de riesgo tanto en entornos físicos como virtuales. Con esta estrategia, se busca disuadir a los delincuentes que, haciéndose pasar por turistas, se trasladan a destinos vacacionales para contactar a menores.
Las cifras que subrayan esta urgencia son alarmantes. Según estimaciones del DIF Nacional, se calcula que alrededor de 17,000 menores sufren explotación sexual en al menos 22 estados de la República. Más de 16,000 niños y niñas están atrapados en la prostitución, concentrados principalmente en zonas turísticas. Además, de cada 100 investigaciones por este delito, solo una resulta en sentencia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México identifica que el 36% de los agresores o clientes proviene del extranjero, con una presencia notable de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania. Esta situación resalta la necesidad urgente de medidas efectivas y contundentes.
La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2026, ha sido un paso significativo. Con su reciente validación en el Senado, ahora se encuentra en manos del Ejecutivo para su promulgación. La expectativa es que estas reformas no solo fortalezcan la protección de los menores, sino que también envíen un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la explotación sexual en el país. Es un llamado a la acción para todos los sectores involucrados en la industria turística y, en última instancia, para la sociedad en su conjunto.
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Datos basados en información reportada originalmente por eleconomista.com.mx.
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