En un entorno fiscal cada vez más complicado, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha revelado un impacto asombroso del denominado “huachicol fiscal”, que afecta a las finanzas públicas del país en una cifra que asciende a aproximadamente 600,000 millones de pesos. De esta suma considerable, las autoridades han presentado ya querellas por 16,000 millones de pesos, como parte de un esfuerzo más amplio por abordar este grave problema.
Durante una reciente comparecencia de funcionarios del ámbito hacendario ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se discutieron tanto la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2026 como la Miscelánea Fiscal. Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal, enfatizó la necesidad de avanzar en la integración de investigaciones y carpetas para determinar, caso por caso, la posible recuperación de recursos económicos denunciados a la fiscalía.
La complejidad de este problema radica en que cada caso necesita ser aislado y analizado, un proceso que puede prolongarse durante más de un año. Galeano también mencionó que existen funcionarios y exfuncionarios implicados en estos delitos, aunque no proporcionó nombres ni cifras para proteger el derecho a una defensa adecuada de los involucrados.
En la misma comparecencia, surgieron cuestionamientos sobre el número limitado de querellas presentadas, que se contabilizan en 102 hasta la fecha. Galeano subrayó que enfrentar a organizaciones criminales de este tipo no es una tarea sencilla; su equipo opera en un entorno de considerable riesgo ante grupos delictivos que son altamente organizados y peligrosos.
En un dato positivo, la procuradora informó que, desde 2022, se han recuperado 5,928 millones de pesos a través de 152 sentencias condenatorias relacionadas con diversos casos de contrabando, no limitándose exclusivamente al huachicol fiscal. La renovación del Poder Judicial de la Federación se ha presentado como un cambio significativo, ya que permitirá una agilización en los procedimientos judiciales que antes podían demorarse entre uno y dos años.
Galeano afirmó que este avance en la judicatura facilitará la presentación de querellas y la posible condena de los implicados, marcando un hito importante en la lucha contra el contrabando y el huachicol fiscal. Con un enfoque renovado y la integración de herramientas más eficaces, las autoridades fiscales se encuentran en una búsqueda activa y continua para recuperar lo que le corresponde al erario nacional. La lucha contra estas prácticas delictivas continúa en un contexto que exige atención y determinación.
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