La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha recibido recientemente dos importantes iniciativas de reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estas iniciativas se centran en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
La primera de estas iniciativas busca potenciar el diseño institucional del sistema de justicia en México. Se prevé implementar cambios que mitiguen el rezago y la corrupción, además de abordar los problemas de excesivos privilegios y la escasa supervisión que actualmente afectan al modelo de justicia. El objetivo declarado es proporcionar un marco legal que permita a los juzgadores aplicar la ley con una clara perspectiva de derechos humanos. De esta forma, se espera que el Poder Judicial se convierta en un agente transformador, capaz de abordar las desigualdades e injusticias que aún persisten, y que contribuya a la construcción de una sociedad más equitativa y a la promoción de una cultura de paz.
La segunda iniciativa presenta un enfoque en la protección de los jueces, sugiriendo medidas específicas para garantizar su seguridad. Se prevé que la investigación y persecución de delitos vinculados a la delincuencia organizada sean llevadas a cabo con la aprobación de una unidad especializada. Esta propuesta también incluye el fortalecimiento de los criterios para comprobar la existencia de organizaciones delictivas en el marco del sistema penal, tanto en su modalidad acusatoria adversarial como en el inquisitivo-mixto.
Un aspecto clave de esta propuesta es el adición de un artículo 22 Bis, que estipula las medidas necesarias para resguardar la identidad y la seguridad de los juzgadores. En aquellos casos que involucren delitos bajo la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se establece que el Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación podrá, a petición del Ministerio Público o de la autoridad judicial correspondiente, adoptar medidas excepcionales para este resguardo.
Sin embargo, a pesar de la relevancia de estas iniciativas, ambas quedaron fuera de la agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión en curso.
La dicotomía entre la necesidad de reformar el sistema judicial y las dificultades que enfrenta para avanzar en su implementación plantea interrogantes sobre el futuro de la justicia en el país y su capacidad para adaptarse a los retos que presenta la delincuencia organizada.
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