La reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros representa un panorama transformador para el sector financiero en México. El 17 de noviembre de 2025, se estableció un marco más claro que tiene como objetivo eliminar los cargos no solicitados, mejorar la transparencia en los costos y simplificar el proceso de cancelación de tarjetas de crédito y débito.
Este cambio normativo surge en un contexto de crecimiento significativo en la oferta de crédito digital, donde, según el Banco de México, el crédito bancario alcanzó un crecimiento anual real del 4.4% en septiembre, llegando a un saldo de 7.10 billones de pesos. Especialistas como Carlos Marmolejo, director ejecutivo de la Sofipo Finsus, subrayan que la reforma aborda necesidades esenciales del mercado y busca corregir prácticas que han minado la confianza del usuario en los servicios financieros.
La proliferación en la emisión de tarjetas de crédito, muchas ofrecidas de manera digital, ha producido un doble efecto: mayor acceso al crédito pero también un riesgo de sobreendeudamiento, especialmente cuando se carece de programas de educación financiera. Marmolejo indica que si bien el crédito puede ser benéfico, su uso irresponsable derivado de ofertas indiscriminadas puede resultar perjudicial.
Álvaro Vértiz, socio director de la consultora DGA Group, añade que otro factor que agrava la situación son las agresivas metas impuestas a los equipos comerciales de los bancos, lo que a menudo lleva a una colocación irresponsable de créditos. Cuando los usuarios reciben tarjetas no solicitadas y, al no activarlas, incurren en cuotas y comisiones, la situación puede volverse insostenible y afectar la cartera de los bancos con deudas vencidas.
A medida que la reforma avanza hacia la Cámara de Senadores, Marmolejo resalta que las instituciones digitales podrán adaptarse con mayor facilidad a los nuevos lineamientos, dado que sus procesos suelen ser más ágiles. Por el contrario, los bancos tradicionales se enfrentarán al reto de rediseñar sus operaciones para cumplir con la nueva regulación de manera eficiente.
La implementación efectiva de la normativa será crucial. Vértiz advierte que un cumplimiento adecuado y políticas internas robustas serán necesarios para prevenir abusos en la colocación de productos financieros. La propuesta busca modernizar el sector con un enfoque centrado en el usuario, garantizando que tanto individuos como comercios estén protegidos y bien informados al gestionar productos bancarios.
Por lo tanto, esta reforma se presenta no solo como una reacción ante preocupaciones actuales de los usuarios, sino como una necesidad imperante para fortalecer la confianza y promover prácticas más responsables en el uso del crédito en México. Mientras avanza el proceso legislativo, todos los actores en el sector financiero deberán prepararse para un cambio que promete ser fundamental en la relación entre las instituciones y sus clientes.
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