Entre las propuestas que algunas de las grandes eléctricas han planteado al Gobierno para paliar los efectos perniciosos de la escalada de los precios del mercado mayorista (pool) en la factura de la luz, una de ellas es la de poner coto temporal a los beneficios que están obteniendo las plantas del llamado régimen especial con retribución específica: las renovables y la cogeneración anteriores a 2014. Conocido como Recore (renovables, cogeneración y residuos, que suman una potencia de 29.200 MW, sobre algo más de 50.00O MW, según la CNMC), este mecanismo retributivo garantiza a estas antiguas instalaciones la recuperación de su inversión con una rentabilidad anual algo superior al 7,1% en 25 años y un precio de referencia de unos 30 euros MWh.
Como venden en el pool y cobran su precio
En las últimas semanas por encima de los 200 euros/MWh, las del Recore podrían recibir solo en este año la rentabilidad que hubiesen obtenido en dos o tres años (esto es, un mínimo del 14%) a un precio preescalada. Las empresas recuerdan que aunque, efectivamente, se están beneficiando de los precios del pool, esto no supone que vayan a cobrar más de lo que les corresponde, sino que lo recibirán antes.
Y, por esta misma razón, añaden, se acelera la amortización de la deuda que el sistema eléctrico, que es el que les retribuye, tiene contraído con ellas (7.000 millones en los cargos de los peajes de la luz). O, lo que es lo mismo, cuanto antes lo reciban, antes dejarán este incentivo para al mercado libre,abandonando el régimen especial. De los 25 años, se han amortizado 12 años.
Según el mecanismo retributivo, que fue revisado y mejorado por este Gobierno en 2020, se saldan cuentas con las empresas en semiperiodos de tres años: si han superado la rentabilidad por haberse beneficiado de precios altos del mercado, se le descuenta para el siguiente trienio (nunca devuelven dinero) y, de haber cobrado todo, pasan a mercado. Ahora la cuestión es que para saldar hay que esperar a 2023 y el Gobierno necesita resolver el problema eléctrico de manera urgente.
La petición las eléctricas
Amenazadas por el RDL ley del 14 de septiembre que minora los beneficios llovidos del cielo o windfall profit que reciben cuando el gas marca el precio marginal en el pool para sus tecnologías no emisoras de CO2 (nuclear o hidroeléctrica), es un cambio regulatorio que permita no esperar a que se cumplan los tres años y que lo devuelvan ya las del Recore, dada la situación excepcional de los precios del mercado.
De seguir así los precios (al igual que ocurre con una hipoteca que se amortiza anticipadamente), estas plantas en lugar de en un plazo de 25 años, recibirían el incentivo en 17 años. “Las del régimen especial son las que “están cobrando de verdad windfall profit”, indican otras fuentes, que añaden que algunas eólicas del plan renove “han cobrado hasta 300 euros MWh”.
Arbitrajes en peligro
Sea como fuere, el Gobierno, aconsejado por la Abogacía del Estado, se niega a hacer ningún cambio normativo a unas renovables que recibían hasta 2014 las polémicas primas a la producción y que el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, eliminaron en el marco de una supuesta reforma eléctrica. Las primas a la generación fueron sustituidas por una retribución que reconocía la inversión en 25 años (y, en algunos casos, la operación y el mantenimiento) y dejaba abierta suc revisión a los seis años, en 2020.
Los inversores extranjeros acudieron en tropel a arbitrajes internacionales, especialmente, ante el Ciadi, y el resultado no es muy halagüeño para España: del medio centenar de pleitos, se han dictado 18 laudos condenatorios, otros 4 a favor y quedan pendientes 26.
Para contrarrestar los argumentos de los árbitros sobre la inseguridad jurídica de la regulación española (más concretamente, la ausencia de un periodo transitorio), en 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica aprovechó la revisión de la retribución en el nuevo periodo, para mejorar la rentabilidad y las condiciones de las plantas afectadas, en buena parte participadas por fondos extranjeros que son los que han podido recurrir a arbitrajes apelando a una supuesta violación de los tratados de protección de inversiones entre países.
El ministerio rechaza cualquier movimiento, pues perjudicaría a España en los arbitrajes. “Se trataría de un cambio retroactivo que, aunque no afecta al beneficio final de las empresas, sí afecta a su liquidez”, señalan fuentes políticas.
Una energía para los domésticos ligados al pool
La energía que venden en el mercado mayorista las instalaciones del régimen especial o Recore (renovables, cogeneración y residuos que suman 29.200 MW) a los actuales precios desorbitados, va destinada en buena medida a los domésticos cuya factura está indexadas a dichos precios (el PVPC). Dicha energía la compran y la suministran las comercializadoras de referencia (reguladas) de las grandes eléctricas, que únicamente reciben un margen comercial. El resto, hasta 50.000 MW, están en mercado o se rigen por las condiciones de las nuevas subastas desde 2016.
Los contratos bilaterales se los reservan las grandes del sector (Iberdrola, Endesa o Naturgy) para sus comercializadoras del mercado libre o para contratos con la industria a plazo y precio fijo. Las eléctricas aseguran que, al vender toda su generación en bilaterales intragrupo no reciben el precio marginal del gas y, por tanto, no obtienen windfall profit.
El incentivo que reciben las plantas del Recore se paga vía cargos de los peajes (7.000 millones este años), pero está previsto que esta deuda pase progresivamente al futuro Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
