La seguridad pública en México no es exclusivamente responsabilidad del gobierno federal y no debe ser solo un resultado del uso intensivo de la fuerza, como concluye la organización civil México Evalúa. Su reciente informe “La otra vía. Análisis de políticas municipales de seguridad pública, 2021-2024” revela que los gobiernos municipales tienen un papel fundamental en la creación de espacios libres de violencia delictiva.
Este análisis denota que la reducción de delitos de alto impacto es posible en aquellos contextos donde los gobiernos locales implementan estrategias tanto penales como no penales, apoyadas por una capacidad institucional básica, una coordinación efectiva entre distintos niveles de gobierno y un conocimiento profundo de su territorio. Los ejemplos documentados en el informe indican que los municipios pueden desarrollar intervenciones efectivas, adaptadas a las dinámicas locales que fomentan el delito.
El estudio enfatiza que la prevención, ya sea penal o no, no es suficiente para disminuir la criminalidad. La clave radica en cómo se aplican los recursos disponibles a políticas sólidas, formuladas a partir de un diagnóstico territorial preciso y ejecutadas en contextos que favorezcan la participación ciudadana y la legitimidad del gobierno local. Así, aboga por un cambio de paradigma que sustituya la visión reactiva y centralizada por una que esté arraigada en las especificidades del territorio. Este enfoque no solo es una alternativa técnica, sino una necesidad política para restaurar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.
Además, el informe recomienda revertir la centralización de la seguridad pública. Propone redefinir la participación federal, limitando la intervención de las Fuerzas Armadas a zonas con alta conflictividad y respetando la autonomía municipal. Asimismo, sugiere fortalecer la coordinación intermunicipal a través de mesas de trabajo que integren autoridades locales y organizaciones civiles, y adoptar un enfoque más inclusivo que incluya estrategias de prevención social y comunitaria alineadas con diagnósticos locales.
El estudio abarca a 31 municipios capitales del país y revela variaciones significativas en los niveles de violencia. Según el análisis, 13 de estos municipios, incluyendo Tuxtla Gutiérrez, Tlaxcala y Guadalajara, lograron reducir la violencia delictiva en el período analizado. Sin embargo, 18 municipios experimentaron un aumento en la delincuencia, destacando lugares como Oaxaca y Monterrey.
En términos de homicidio doloso, que es un indicador clave para evaluar las políticas de seguridad en el país, 11 municipios superan la tasa nacional de 18.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, incluyendo Monterrey y Guadalajara. En el terreno del narcomenudeo, 18 municipios, entre ellos La Paz y Querétaro, superan la tasa nacional de 48.
El informe también alerta sobre el crecimiento del secuestro y extorsión. Por ejemplo, se ha registrado un aumento alarmante en el secuestro en localidades como Zacatecas y Toluca, y en extorsión, Guanajuato destaca con un incremento del 481.8% sobre la tasa nacional.
Esto subraya la necesidad urgente de repensar las políticas de seguridad, centrándose en enfoques que no solo sean punitivos, sino que también busquen la prevención y construcción de comunidades resilientes. En un contexto donde la violencia persiste, es esencial entender las particularidades de cada municipio y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la estrategia de seguridad pública.
La información presentada es un llamado a repensar la seguridad pública en México, enfatizando el papel crucial de los gobiernos locales en la creación de entornos seguros y la importancia de consolidar la confianza entre las instituciones y la sociedad.
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