Este jueves, miles de personas se manifestaron en las calles de Buenos Aires, desafiando la lluvia y la represión policial, contra un controvertido proyecto de ley promovido por el presidente Javier Milei enfocado en la propiedad privada. La protesta, que tuvo lugar frente al Congreso, se tornó violenta cuando la policía respondió a los manifestantes arrojando balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua, mientras que algunos de los asistentes lanzaban piedras en medio de la agitación.
El proyecto, que iniciaba su debate en el Senado, incluye medidas que proponen dificultar las expropiaciones por parte del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y permitir la venta de tierras rurales afectadas por incendios. Uno de los aspectos más polémicos, la liberalización de la venta de tierras a extranjeros, fue retirado del proyecto ante la presión y el rechazo social.
Los manifestantes, convocados por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, dejaron claro su descontento. “La patria no se vende” resonaba en cánticos y banderas, reflejando la oposición a lo que consideran una entrega de los bienes nacionales. La socióloga Roxana Parapugna, de 51 años, expresó su descontento al afirmar que desea “que caiga la ley completa”, mientras que el jubilado Carlos Miño, de 67 años, se mostró preocupado por la dirección del proyecto al argumentar que “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes”.
El gobierno de Milei sostiene que las restricciones actuales, vigentes desde 2011, desincentivan las inversiones. Esta normativa limita al 15% la proporción de tierras que pueden ser vendidas a extranjeros, un porcentaje que se aplica a cada provincia y municipio. El gobierno había buscado aumentar este límite hasta un 25% y facilitar la venta, pero ante la falta de apoyos, optó finalmente por eliminar esta modificación del proyecto.
Datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet indican que más de 13 millones de hectáreas del país, una superficie comparable a Inglaterra, están en manos de extranjeros. Aunque en términos generales ninguna provincia supera el 15% establecido por la ley, 31 departamentos ya exceden ese límite, destacando situaciones críticas, como en algunos municipios de Misiones donde este porcentaje alcanza hasta el 80%.
La resistencia social ha sido tan intensa que incluso algunos gobernadores que tradicionalmente apoyan al gobierno se han unido al rechazo del proyecto. Ahora, el texto se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso, ya que otras partes de la iniciativa también han suscitado críticas. Entre ellas, se encuentran disposiciones que buscan reforzar las barreras para las expropiaciones y acelerar los desalojos por impagos de alquiler, así como la propuesta de eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente restringe la venta de terrenos incendiados.
Este contexto tenso y la continua resistencia de la ciudadanía plantean interrogantes sobre el rumbo legislativo de Argentina en materia de propiedad y derechos territoriales. La próxima etapa del debate será crucial para entender el impacto real de estas iniciativas en la sociedad argentina.
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