Entre el 28 de abril y hasta mediados del mes de junio del presente año se dieron protestas a lo largo y ancho de Colombia, todo, en el marco de lo que se conoce como el paro nacional. Durante todas esas semanas se dio un electrocardiograma: jornadas de protestas altas con intervalos de actividad baja.
En algunos casos esos intervalos se vivieron en medio de la violencia. Al final, en lo peor del tercer pico de la pandemia y, ante el desgaste de las movilizaciones, el comité del paro optó por hacer una pausa y llamar a manifestaciones el 20 de julio, un día emblemático para Colombia pues se celebra su independencia.
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Lo que se vio en medio de la pausa de las manifestaciones es lo que se denomina una guerra de desgaste. El Gobierno optó por tres líneas de acción. Por un lado, criminalizar las protestas y aplicar una violencia policial alta, de hecho, según organizaciones sociales, las víctimas de la represión superan las 40, además, casi una veintena de agresiones sexuales y decenas de agresiones oculares.
La segunda línea de acción fue sabotear las negociaciones entre el ejecutivo y el comité del paro. Por ejemplo, el presidente no firmó el preacuerdo de Buenaventura, tampoco el preacuerdo nacional y nombró negociador a alguien que semanas después renunció para participar en política.
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Lo que viene en las semanas siguientes es una situación en la cual los actores del paro buscarán generar desgaste en el contrario. Si el Gobierno nacional logra desactivarlo o que se den hechos grandes de violencia, el presidente Iván Duque saldrá ganador y logrará mantener cierta estabilidad en el último año de Gobierno que le queda. Si es al revés, salen muchas personas y hay poca violencia, el presidente vivirá, al menos un semestre bastante duro y complicado. Tal vez, para el mes de septiembre o noviembre el país estallará de nuevo.
