Fue el propio Boris Johnson quien, la pasada semana, defendió en la Cámara de los Comunes del Reino Unido una propuesta que sonaba bienintencionada, pero que ha provocado las sospechas y el rechazo de las formaciones políticas norirlandesas y del Gobierno de Dublín.
El primer ministro británico anunciaba su intención de impulsar una ley que prohibirá la investigación penal de todos los delitos de sangre ocurridos antes de 1998 en Irlanda del Norte. Algo que, según él, “permitirá a esta provincia poder trazar una línea que deje atrás los años de los troubles (disturbios)”, como se conoce al periodo de conflicto armado y terrorismo que se extendió desde finales de los sesenta del siglo pasado hasta esa fecha.
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“Yo he trabajado junto a la policía seis años en Irlanda del Norte, y he investigado a terroristas al frente de la Fiscalía General”, afirmaba el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno. “Una amnistía total, que incluya a los terroristas, es un error. Si queremos que las cosas avancen en Irlanda del Norte, lo primero que debe hacerse es hablar con las víctimas. Los políticos en Londres no pueden simplemente trazar una raya sobre los delitos de terrorismo u otros crímenes de sangre e imponer esa decisión a aquellos que más los sufrieron”, decía Starmer.
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La nueva ley, de seguir adelante, no estará lista hasta finales de año. Y el Gobierno irlandés, parte fundamental en la forja de la paz con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, se ha conjurado para evitar ese borrón y cuenta nueva perseguido por Downing Street. “Es necesario que alguien responda por los asesinatos y el quebranto de la ley que tuvieron lugar durante el tiempo de los troubles”, ha respondido a la propuesta Simon Coveney, el ministro de Exteriores irlandés. “Las familias se merecen la verdad y se merecen que haya justicia”.
La nueva ley, anunciada finalmente la semana pasada en el Parlamento británico por el ministro para Asuntos de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, camuflaría su pretensión de una amnistía general ―“las generaciones actuales y futuras estarían condenadas a un clima de división y a que no hubiera reconciliación si el Gobierno no actúa”, llegó a decir Lewis― con una serie de medidas compensatorias.
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“La memoria de los asesinatos se vuelve cínicamente selectiva. Muchos conservadores, y la prensa conservadora, quieren amnistía para los soldados británicos que dispararon a civiles desarmados, pero no para los paramilitares que hicieron exactamente lo mismo”, denuncia el periodista y escritor irlandés Fintan O’Toole.
“El Sinn Féin [durante décadas, el brazo político del IRA] denuncia la impunidad de esos soldados, pero glorifica los asesinatos masivos del IRA. Unionistas respetables señalan la ambivalencia del Sinn Féin, pero dan credibilidad política a los paramilitares que causaron muertes sectarias”, dice.
