El fútbol profesional español se enfrenta este viernes a una votación trascendental para su futuro económico. Los 42 clubes de la LaLiga decidirán si siguen adelante con el Proyecto Impulso, 1.994 millones de euros patrocinados por el fondo CVC a cambio del 9% de los beneficios por la explotación de los derechos de televisión durante 50 años, o se arrogan a la propuesta de financiación, Proyecto Sostenible, que la semana pasada plantearon Real Madrid, Barcelona y Athletic, opositores al plan de la patronal. Esta alternativa consiste en un préstamo otorgado por JP Morgan, Bank of America y HSBC y proporcionaría a los clubes la misma cantidad de dinero, 1.994 millones de euros a devolver en 25 años y en condiciones que sus cálculos encuentran notablemente más ventajosas.
La votación se realizará en el ambiente de frentismo que envuelve al fútbol español en los últimos años. A un lado Javier Tebas y los 38 clubes que respaldan su mandato como presidente de LaLiga. Al otro, el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic y la Federación Española de Fútbol, con su presidente Luis Rubiales a la cabeza. Esta terna de clubes y la entidad federativa solicitaron mediante carta al Consejo Superior de Deportes (CSD) el bloqueo del acuerdo con CVC por considerarlo ilegal y perjudicial para los intereses de los clubes. A petición de varios de los actores implicados, el organismo gubernamental que preside José Manuel Franco convocó para las seis de la tarde de este jueves una reunión con las partes implicadas con el fin de abordar el conflicto.
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Pasadas las cinco de la tarde, el CSD desconvocó la reunión porque Madrid, Barça y Athletic informaron de que no acudirían. Los representantes de LaLiga estaban dispuestos a acudir a la cita seguros de que el CSD comunicaría a las partes que, tras consultar con la Abogacía del Estado, no podía bloquear el acuerdo con CVC por no tener competencias para intervenir en una disputa entre particulares. El peso de una querella por prevaricación por parte de LaLiga también ha jugado a favor de la neutralidad del CSD.
Las diferencias entre ambos proyectos ha servido de munición para los ataques que cada una de las partes ha hecho de la iniciativa del contrario. El acuerdo con CVC, en forma de cuentas participadas, incluye la formación de una estructura externa conjunta entre LaLiga y el fondo, que controlará los pagos a los clubes, distribuidos a lo largo de cuatro años. El destino del dinero es finalista y obligatorio para los clubes que accedan a esta línea de crédito: 70% a infraestructuras y planes de futuro, 15% a pago de deuda y 15% a contrataciones. Javier Tebas defiende que el Plan Impulso es un acuerdo estratégico destinado al crecimiento de los ingresos LaLiga, mientras que el plan de los tres clubes rebeldes es un mero préstamo que endeudaría aún más a los clubes en un momento tan delicado por las pérdidas causadas por la pandemia.
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En la documentación que Real Madrid, Barcelona y Athletic enviaron a los otros 39 equipos y al CSD, estos sostienen que el pacto con CVC, en las condiciones de evolución de mercado contenidas en el dossier del Proyecto Impulso, tendría para los clubes un coste de 13.124 millones de euros, mientras que el Proyecto Sostenible contempla un coste de 881 millones, una diferencia de 12.243 millones.
La federación, por su parte, señala que Javier Tebas se beneficiará de un puesto retribuido al presidir un nuevo órgano externo a la LaLiga (la sociedad creada conjuntamente con CVC), durante al menos los próximos siete años y que el fondo encontrará jugosos beneficios a costa del fútbol español. Además, la entidad federativa asegura que los clubes dejarán de percibir un porcentaje de sus derechos televisivos que excede inmensamente el crédito recibido y que también deben devolver íntegramente (además de perder el derecho a percibir el porcentaje mencionado).
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