El Gobierno británico reclamó ayer a la Unión Europea renegociar el Protocolo para Irlanda del Norte pactado en el marco del Brexit, retractándose sin argumentos válidos de la palabra dada. Londres amenaza a los Veintisiete con desentenderse de la aplicación del acuerdo vigente si Bruselas no acepta la renegociación. Correctamente, la Comisión Europea ha reaccionado enseguida negándose a ceder a un chantaje inadmisible, que corona una serie de desafíos por parte británica que se han registrado en los meses pasados.
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La cuestión irlandesa fue una de las más espinosas de todo el proceso de separación y reformulación de la relación entre la UE y Londres. Boris Johnson optó por un modelo de divorcio radical, perfectamente legítimo, pero que acarreaba consecuencias. En ese marco de profunda divergencia, la única manera para evitar el peligroso renacimiento de una frontera entre las dos Irlandas era mantener apegado el Úlster al mercado común. Esto requería establecer controles comerciales entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para evitar que el Úlster se convirtiese en un coladero.
Este arreglo era la inevitable consecuencia lógica del modelo de Brexit que eligió Johnson. La fórmula necesaria para evitar una nueva inquietante división en la isla y mantener a la vez la integridad del mercado común. Johnson la aceptó en aras de culminar un Brexit duro del gusto del nacionalismo inglés, firmando un pacto que, en palabras de su antecesora, Theresa May, ningún primer ministro habría aceptado jamás. Desde el principio estuvo claro lo que pasaría: descontento de los unionistas; frenos al comercio del Úlster con el resto del Reino Unido; estímulo al comercio con la República.
