Decidir el futuro de un cuadro atribuido a Velázquez bien vale más de seis años de conflicto: ese es el tiempo que llevan consumido en su pulso con el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid cinco hermanos que quieren intentar vender en el extranjero la obra Retrato de un clérigo. A principios de marzo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso rechazó el último recurso de los propietarios contra la declaración del cuadro como bien de interés cultural (BIC), que vuelve irreversible la prohibición estatal a su exportación, y con ello bloquea la opción de una subasta millonaria fuera de España. Ahora, y mientras la obra está colgada en un domicilio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dirimirá los méritos de un conflicto lleno de reproches legales, dudas sobre la autoría de la pieza y ofrecimientos del retrato a los principales coleccionistas de España, según documentos consultados por Columna Digital en aplicación de la Ley de Transparencia.
En juego hay un negocio millonario. La asociación con las nueve letras que forman la rúbrica de Velázquez vale dinero. Mucho dinero. Su Retrato de caballero ha sido subastado este mismo marzo por 3,5 millones de euros (4,5 con comisiones) pese a las dudas sobre su autoría y a ser también BIC e inexportable. Retrato de una niña salió por ocho millones en 2017 (9,7 con comisiones), pese a que tampoco estaba claro que fuera de Velázquez. Y los expertos saben que las posibilidades de engordar la factura se incrementan exponencialmente si la venta es en el extranjero: en España, donde el cuadro sí puede ser subastado, se juega con cartas marcadas, porque el número de compradores con billetera abultada es limitado.
En diciembre de 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recibe una solicitud de exportación temporal con posibilidad de venta para Retrato de un clérigo que inicia un procedimiento en el que la cara visible es Mercedes Royo-Villanova, una de los cinco hermanos propietarios, que trabajó como experta en catalogación del Museo del Prado, fue patrona durante décadas de la Fundación Amigos del Museo del Prado, y es esposa de José Luis Álvarez, alcalde de la capital entre marzo de 1978 y enero de 1979. Entonces se pide un informe al museo madrileño. Y, finalmente, el ministerio decide declarar expresamente inexportable la obra y solicitar a Madrid que la designe como BIC. Una decisión clave: según el abogado de los propietarios, que declinaron contestar a las preguntas de este diario, impide solicitar a Cultura que reconsidere su decisión y permita sacar la pieza de España.
¿Por qué se toma esa decisión? “Por tratarse de una obra cuya técnica no contradice la posible autoría velazqueña y, por su reseñable calidad, porque resulta muy interesante para conocer lo que se estaba haciendo en el campo del retrato en la corte de Madrid de la década de 1620″, se lee en la documentación aportada al expediente por el Gobierno central. “Su salida del territorio español sería una pérdida irreparable para el patrimonio histórico español”, se expone en otro punto.
Desde entonces, un choque jurídico a la altura del autor de La rendición de Breda: hay emociones sobre el papel, argumentos patrióticos y un largo pulso para decidir el futuro de un retrato atribuido a uno de los maestros de maestros de la pintura española. Las emociones: alguno de los cinco hermanos copropietarios de la pieza al 20%, ya mayor, está “en una situación económica no muy holgada, y querría vender el cuadro por su valor de mercado por motivos personales, y no por mero afán de lucro”.
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Los argumentos patrióticos: “Resulta del todo punto innecesario proteger las obras de un maestro de la pintura española suprarrepresentado en las colecciones nacionales, y a cuya fama internacional, y a la revalorización del patrimonio histórico español, lo que más contribuye es que sus obras se exhiban en el extranjero”, se dice. “[Si no se exporta, la pintura] va a acabar en un domicilio particular sin que nadie disfrute de su contemplación”, se añade. Y se recuerda: “El ministerio ha concedido en muchos casos permisos de exportación definitiva por tratarse de obras no esenciales de autores, y, aunque lo sean, por tratarse de autores ampliamente representados ya en nuestro país”.
Finalmente, el choque jurídico: como la Comunidad de Madrid deja pasar tres años entre la petición ministerial de que declare la obra como BIC y el inicio del expediente, la representación legal de los propietarios acusa a la Administración regional de haber “incumplido y excedido de manera totalmente exagerada” los plazos. También duda de que el retrato concite las características de excepcionalidad para ser protegido (”¿debe declararse BIC cualquier cuadro que se parezca a los de Velázquez?”). Y discute hasta lo impensable: la autoría.
No hay nada más valioso alrededor de Retrato de un clérigo que la posible autoría de Velázquez, un genio universal. Sin embargo, como esa firma es, precisamente, lo que dificulta su venta en el extranjero, la representación legal de las mismas personas que quieren poner la obra en el mercado internacional empieza a poner en duda que el pincel del maestro de Las meninas pasara por el lienzo. Y así, contraviniendo el cálculo de que el cuadro que se quiere vender vale más cuanto más asentada esté la opinión de que es atribuible Velázquez, procede a intentar desacreditar esa tesis con un informe pericial.
“No ha habido nunca unanimidad en la atribución a Velázquez, ni siquiera en cuanto a la cronología”, se lee en el documento. “Es imposible afirmar que sea original de Velázquez. No hay razón, ni estilística ni iconográfica ni por procedencia o documentación, para considerarlo obra original de Velázquez (…) Tampoco se puede decir que es del círculo de Velázquez (…)”, sigue. “Es más, existen suficientes indicios para pensar que el lienzo era de otro artista, ajeno totalmente a Velázquez”, se añade. Y se remata, rebatiendo el núcleo de la valoración de Cultura para proteger la pieza: “Tampoco es una obra significativa, ni excepcional”.
Retrato de un clérigo aguarda ahora la decisión judicial que determinará su futuro. Apurada la vía administrativa, las partes se ven las caras en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid, que ya ha reclamado la documentación de la polémica. Velázquez o no Velázquez, el conflicto está servido.
“Cualquier cuestión relativa al procedimiento de declaración BIC es competencia de la comunidad autónoma”, señalan en el Ministerio de Cultura. “Sobre el conflicto judicial no vamos a decir nada”, amplía un portavoz del Gobierno de Madrid. “Y sobre el procedimiento (de declaración de BIC), se trata de una tramitación técnica que se adapta a la legislación, y que, como en todos estos procesos, tiene una máxima: la protección del patrimonio cultural español”.
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