En abril de 2021 se cumplieron ocho años desde el colapso del edificio Rana Plaza, un complejo de nueve plantas con varios talleres textiles de Dacca, la capital de Bangladés. Esta es la peor tragedia en el sector que se recuerda, en la que murieron 1.134 personas. La mayoría de ellas habían dejado atrás la pobreza en las zonas rurales del país tras haber sido empleadas por subcontratas para trabajar para grandes marcas de moda. El día anterior al colapso se supo que habían aparecido grietas profundas en el edificio. Algunos empleados rogaron que no los enviaran adentro, o accedieron a hacerlo por miedo a perder sus salarios. En algún momento antes de las nueve de la mañana, los pisos comenzaron a caer dejando solo intacta la planta baja. Los sindicatos aseguraron que no fue un incidente laboral y lo llamaron un “homicidio industrial masivo”.
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El colapso de Rana Plaza no fue el primero de estas características. Sin embargo, las historias de supervivientes y de sus familias se hicieron con las portadas de todo el mundo. Unas semanas después, nació el Acuerdo de Seguridad de Bangladés como un programa vinculante al que se unieron más de 200 marcas, algunas con empleados en el edificio derrumbado, para tomar medidas en el asunto y prevenir un desastre similar. Gracias a este Acuerdo, desde entonces se han llevado a cabo inspecciones periódicas para verificar las instalaciones de electricidad, las puertas contra incendios y la capacidad estructural de las fábricas. Sin embargo, “la situación cambió en mayo de 2019”, explica Christie Miedema, de la oficina internacional de la campaña Ropa Limpia, una red que trabaja para mejorar las condiciones laborales de la industria global de la confección.
En esa fecha, el Tribunal Supremo estipuló que la oficina del Acuerdo, con sede en Bangladés, continuaría operando en Columna Digital durante un período de transición de un año. “Durante este tiempo, las marcas, los sindicatos y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa trabajarían para establecer una nueva institución, no vinculante, llamada Consejo de Sostenibilidad de prendas confeccionadas” (RSC por sus siglas en inglés), explica la portavoz de Ropa Limpia. Este se haría cargo de esas tareas a partir de entonces.
El Acuerdo inicial finaliza el 31 de mayo y la organización que representa Miedema teme que, sin la opción de responsabilizar a las marcas en los tribunales, resurjan los problemas de seguridad. La activista expone que desde entonces “ninguna marca o miembro minorista ha firmado un nuevo documento que sea legalmente exigible”. Aunque algunas compañías comienzan a darse cuenta de la necesidad de mostrar un compromiso mayor, casi todas están respondiendo con versiones diluidas del programa, afirma.
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