Las recientes acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York han sacudido la política mexicana, especialmente tras señalar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta situación ha desatado un torrente de reacciones, no solo a nivel estatal, sino también en el ámbito nacional e internacional, con llamados urgentes a investigar y deslindar responsabilidades.
Entre los imputados se encuentran figuras de alta relevancia política, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Estos señalamientos han colocado a Sinaloa en el centro del debate sobre la corrupción y la criminalidad, reavivando temas sensibles a pocos días de los comicios. Desde el Senado, la senadora Paloma Sánchez destacó que este tipo de acusaciones, al provenir de autoridades estadounidenses, reflejan un contexto de violencia y la so llamada “narcoguerra” que afecta a la región.
El excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, se alineó con esta postura, instando al gobierno federal a despejar la situación y a permitir que Rocha Moya enfrente las investigaciones, sugiriendo que no debería continuar en su cargo. Lilly Téllez, senadora, calificó el proceso judicial en Estados Unidos como un avance en materia de rendición de cuentas, aunque lamentó que en México no se hayan tomado acciones concretas.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se ha hecho eco de la preocupación social, señalando este caso como evidencia de la “narcopolítica” en el país. El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió una investigación exhaustiva y la detención de todos los involucrados, arremetiendo contra el gobierno de Morena por permitir el crecimiento del crimen organizado.
En la otra cara de la moneda, los funcionarios involucrados han rechazado categóricamente las acusaciones. Enzunza Cázarez las calificó de “falsas y dolosas”, argumentando que son parte de un ataque político contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Por su parte, Rocha Moya ha afirmado que demostrará su inocencia ante las instancias correspondientes, denunciando que esta situación busca vulnerar la soberanía nacional.
Las acusaciones han puesto bajo el microscopio la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. A pesar de la atención internacional generada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha indicado que las solicitudes de extradición recibidas carecen de pruebas suficientes que puedan sostener las vinculaciones afirmadas.
Contrario a la postura firme de la oposición, algunos miembros de Morena han adoptado un enfoque más cauteloso. Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario del partido, ha solicitado prudencia, mientras que Ricardo Monreal ha optado por no respaldar de manera directa al gobernador, enfatizando la importancia de la presunción de inocencia.
El escándalo ha llegado a las redes sociales, donde un video de 2024 mostrando a legisladores de Morena apoyando a Rocha Moya se ha vuelto viral, reavivando el debate sobre la hipocresía institucional. Ante esta situación, la incertidumbre sobre el futuro político de Sinaloa es palpable, con la presión interna creciendo cada vez más para esclarecer los hechos y definir responsabilidades claras en este complejo escenario de la política y la seguridad en México.
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