El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha declarado que se procederá a reactivar el caso penal contra el empresario Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA). Esta decisión es el resultado del incumplimiento por parte de Ancira en el pago de la reparación del daño derivado de la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante una conferencia de prensa matutina llevada a cabo el 12 de agosto, el fiscal destacó que el acuerdo previamente suscrito por Pemex ante el juez ha perdido validez, lo que abre las puertas a la reactivación del procedimiento. Gertz Manero reafirmó su compromiso: “Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma su responsabilidad”. Se mencionó también la intención de utilizar la cooperación internacional para llevar a cabo acciones contra Ancira, quien reside actualmente en Estados Unidos y posee la ciudadanía estadounidense.
Alonso Ancira había logrado su libertad en 2021 tras firmar un convenio que lo obligaba a reembolsar al estado un total de 216 millones de dólares. Según el fiscal, tras iniciar el pago, el empresario dejó de cumplir con sus responsabilidades financieras. Este tipo de acuerdos suelen estar destinados a facilitar la recuperación de recursos defraudados, sin embargo, la dinámica parece haberse complicado.
El fiscal general subrayó que ya se han comenzado a coordinar acciones con Pemex para garantizar que la situación no queda en el aire. Ancira está siendo investigado por su implicación en la cuestionable operación de 2013, en la que Pemex adquirió la planta de Agronitrogenados por una suma considerable, pese a que llevaba 14 años sin operar y su evaluación real era mínima.
Un punto crítico en este proceso se produjo en enero de 2024, cuando la fiscalía solicitó la reaprehensión de Ancira por su incapacidad de cumplir con los términos acordados. Sin embargo, un juez suspendió esta acción, permitiendo que el empresario eludiera, una vez más, la responsabilidad de su deuda, tras la petición de Pemex para una extensión de tiempo.
El desarrollo de este caso es fundamental para entender no solo las implicaciones legales que enfrenta Ancira, sino también el contexto más amplio de la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, un tema que sigue generando inquietud y atención en la opinión pública. Con medidas como esta, la Fiscalía busca dar un paso firme hacia el esclarecimiento de irregularidades en la gestión de recursos públicos.
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