México se enfrenta a un desafío crucial: modernizar y expandir su infraestructura energética para soportar el crecimiento de sectores clave como la manufactura, los centros de datos y las nuevas tecnologías. Guillermo García Alcocer, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y profesor de Economía del ITAM, ha señalado que es urgente establecer un marco regulatorio que permita la participación equitativa de actores públicos y privados. Esta regulación se vuelve esencial en un contexto donde la demanda de energía crece de manera vertiginosa.
Los centros de datos, considerados infraestructuras críticas para el desarrollo manufacturero a nivel global, requieren un suministro eléctrico constante y de calidad. La incapacidad de estos centros para operar a plena capacidad debido a deficiencias en el sistema eléctrico refleja problemas similares en otras regiones del país, donde instalaciones grandes están en standby esperando expandir la red. En Querétaro, por ejemplo, se han construido centros de datos que aún no pueden funcionar plenamente por la falta de subestaciones adecuadas, una situación que limita la competitividad del estado y su capacidad para atraer inversiones.
García Alcocer subraya que empresas importantes como AWS, Microsoft, Disney y Netflix están en conversaciones con el gobierno de Querétaro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abordar estas carencias. Si bien la CFE es responsable de construir la infraestructura, el gobierno estatal ha propuesto soluciones para acelerar el proceso, aunque dichas propuestas no siempre han sido aceptadas. Esto ha llevado a que, en algunos casos, el gobierno de Querétaro deba financiar la construcción de subestaciones con recursos propios.
La atracción de inversiones no se limita a la energía eléctrica; también involucra otros elementos como el agua y las telecomunicaciones. García Alcocer destaca que la fibra óptica es fundamental para la transferencia eficiente de grandes volúmenes de datos, lo cual es esencial para los centros de datos. En la búsqueda de un entorno atractivo para los inversores, la capacidad de un estado para garantizar una infraestructura energética adecuada se convierte en un factor determinante.
Por otro lado, el uso de centros de datos plantea un debate sobre su impacto ambiental, pues también son grandes consumidores de agua, especialmente para sistemas de enfriamiento. Sin embargo, García Alcocer señala que ya existen avances en eficiencia para reducir el uso de este recurso. La regulación y supervisión de estas instalaciones se concentran en asegurar que se minimice el impacto sobre la sociedad y se utilice el agua de manera sostenible.
La necesidad de diversificar las fuentes de energía es otro punto clave en esta discusión. A medida que los centros de datos se convierten en los mayores demandantes de energía a nivel mundial, se vuelve evidente que el crecimiento del sector energético debe alinearse con estas demandas. García Alcocer menciona el resurgimiento de la energía nuclear como una alternativa viable, aunque también plantea desafíos regulatorios significativos para la participación del sector privado en esta área.
Además, la creciente preocupación por la seguridad nacional ha llevado a los gobiernos a estar más involucrados en la evaluación de inversiones en activos estratégicos. Este fenómeno es un reflejo de acontecimientos globales, como la pandemia y los conflictos bélicos, que han transformado la energía en un tema de seguridad nacional.
En el ámbito de la regulación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, García Alcocer opina que no es viable detener su desarrollo. En su lugar, propone que debemos construir una cultura ética, acompañada de un marco regulatorio que guíe su avance. Esto no solo promueve el desarrollo tecnológico, sino que también introduce la necesidad de abordar el impacto potencial en el empleo, reorientando a los trabajadores hacia roles que requieren habilidades críticas y de toma de decisiones.
Finalmente, el pragmatismo en la política energética se convierte en esencial. García Alcocer sostiene que el gobierno de México debe reconocer que muchas de estas necesidades no pueden solucionarse únicamente con participación pública. La creación de un ambiente regulatorio adecuado permitirá que tanto empresas públicas como privadas contribuyan al desarrollo de un sector energético robusto y eficiente, que a su vez, garantizará la competitividad del país en la arena global.
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