Una investigación en el Estado de México expone la existencia de una red criminal dedicada al despojo de propiedades, principalmente contra adultos mayores y familias de escasos recursos. Según la carpeta de investigación 1965/Nezh/2025, el grupo está encabezado por el notario José Antonio Reyes Duarte, titular de la Notaría No. 29 en Nezahualcóyotl, y el empresario Oscar Pedroza, quienes habrían operado al menos 10 despojos formales y tres casos adicionales de amenazas y lesiones.1
Las víctimas han señalado que fueron intimidadas y agredidas físicamente por integrantes de la red, que también habría obtenido información sensible de funcionarios y empleados del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).1
Cómo operaba la red y quiénes están implicados
Las investigaciones de la Fiscalía en el Estado de México identifican como líderes de la red al notario José Antonio Reyes Duarte y al empresario Oscar Pedroza. El grupo obtenía información confidencial de altos funcionarios y empleados del IFREM, lo que facilitaba la selección y despojo de propiedades.1
Para intimidar a los propietarios, utilizaban a elementos del Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), organismo auxiliar de la Secretaría de Seguridad estatal.

Modus operandi y municipios afectados
El modus operandi consistía en dejar espacios vacíos en los libros notariales, insertar operaciones jurídicas simuladas con fechas retroactivas y dar fe de compraventas ficticias para legitimar los despojos.1
Este esquema se facilitaba por deficiencias en el Archivo General de Notarías, que permite a los notarios retener libros de resguardo por largos periodos y carece de auditorías regulares por parte de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales.1
Los municipios con mayor número de denuncias son Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.1
Respuesta oficial y acciones implementadas
Las autoridades han puesto en marcha la Operación Restitución, un operativo que ha resultado en el aseguramiento de más de 2,300 inmuebles y la detención de cientos de personas vinculadas al despojo, incluyendo exfuncionarios.1
Especialistas y defensores advierten que estas acciones son insuficientes si no se realiza una depuración y auditoría profunda de las notarías públicas en el Estado de México, señaladas como pieza clave en la comisión de estos delitos patrimoniales.1
Impacto en las víctimas y contexto estatal
El Estado de México registra una incidencia superior a nivel nacional en el delito de despojo, con más de 7,000 denuncias anuales y solo el 2% de las víctimas logra recuperar su propiedad, según cifras oficiales.1
Las víctimas, como Maricela Ordaz, relatan que tras décadas de vivir en sus hogares, aparecen documentos notariados que asignan la propiedad a personas desconocidas, lo que dificulta la recuperación legal de sus viviendas.1
Qué significa para México
La presunta colusión entre notarios, empresarios y funcionarios públicos genera preocupación sobre la seguridad jurídica y la necesidad de reformar y auditar el sistema notarial y registral para evitar nuevos casos y proteger a los propietarios.1
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
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- 24 Horas ↩
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Datos basados en información reportada originalmente por 24 Horas.






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