En junio de 2024, el presidente dio a conocer una reforma judicial que ha reavivado un intenso debate en todo el país sobre la dirección que debería tomar el Poder Judicial. La propuesta sugiere que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular, con la intención de hacer la justicia más accesible a la ciudadanía.
Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de controversia. Críticos de la medida advierten que podría propiciar la politización de uno de los poderes más delicados del Estado. El paquete de reformas constitucionales incluye varias disposiciones significativas: la elección directa de jueces y magistrados, la disminución del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que tendría como función sancionar comportamientos inapropiados dentro del sistema judicial. Además, se planea limitar el cargo judicial a 12 años, sin posibilidad de reelección.
El presidente argumenta que la propuesta responde al “hartazgo ciudadano” hacia un sistema judicial que, en su opinión, ha beneficiado los intereses de ciertas élites y ha estado en contra del pueblo. Este enfoque ha causado una división en la comunidad jurídica. Mientras que algunos constitucionalistas elogian el intento de democratizar el acceso a los cargos judiciales, otros expresan su preocupación de que, sin las salvaguardias necesarias, el sistema quedaría expuesto a influencias partidistas.
Elegir jueces por sufragio popular podría parecer un avance democrático, pero sin controles apropiados, se corre el riesgo de que la independencia judicial se vea comprometida. El exministro José Ramón Cossío ha señalado que esta reforma puede debilitar la autonomía de los jueces al someterlos a presiones electorales y mediáticas.
La puesta en marcha de esta reforma requerirá de reformas secundarias y una reingeniería institucional. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha nombrado a tres miembros del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), que reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal. La falta de designación de estos miembros podría resultar en un descuajeringo tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal de Disciplina Judicial, vinculando estas posiciones a intereses políticos.
En resumen, este proceso de reforma judicial podría ser tanto una oportunidad como un riesgo. Las imperfecciones en la propuesta conducen a cuestionamientos sobre si realmente se avanza hacia una mejora del sistema judicial o si simplemente se repite un ciclo de regresiones. A día de hoy, las señales no indican un progresar sustantivo en la calidad de la justicia más allá de una fachada electoral, dejando al país en una situación de incertidumbre.
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