El Gobierno español ha implementado un nuevo Reglamento de Extranjería que está diseñado para regularizar la situación de hasta 900.000 inmigrantes en los próximos tres años. La normativa tiene como objetivo simplificar los trámites y eliminar redundancias, además de crear nuevas categorías de arraigo, aunque ha generado críticas, especialmente por su impacto en solicitantes de asilo y menores vulnerables.
Uno de los cambios más significativos es la introducción de cinco tipos de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Con esta reforma, los inmigrantes podrán comenzar a trabajar, ya sea por cuenta ajena o propia, desde el inicio de su proceso de regularización. Además, el tiempo requerido para obtener el arraigo social se ha reducido de tres a dos años.
En lo que respecta a la reagrupación familiar, la nueva normativa expande los derechos de familiares de ciudadanos españoles. A partir de ahora, hijos de hasta 26 años y parejas no formalmente registradas podrán beneficiarse de esta figura, siempre que puedan demostrar una relación estable.
También se ha creado un esquema más claro para los visados, que incluirá autorizaciones iniciales de un año con renovaciones que se extenderán a cuatro años. Además, el visado para la búsqueda de empleo se ha ampliado a un año, permitiendo a las personas encontrar trabajos que se adecuen a sus perfiles.
Sin embargo, el nuevo reglamento ha suscitado controversia por la exclusión del tiempo como solicitante de protección internacional del período necesario para acceder al arraigo. Esto implica que quienes vean rechazadas sus solicitudes de asilo podrían enfrentarse a hasta dos años en situación irregular. Aunque se ha establecido una medida temporal que reduce este plazo a seis meses durante el primer año, muchas ONG han expresado su preocupación por el impacto sobre los derechos de los migrantes, especialmente en el caso de los menores.
Varias organizaciones, incluido Cáritas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han llevado el reglamento ante el Tribunal Supremo, argumentando que fomenta la irregularidad sobrevenida. El Defensor del Pueblo también ha advertido recientemente que la nueva normativa podría perjudicar a miles de menores migrantes.
El Gobierno ha respondido a estas críticas acelerando el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, apoyada por más de 600.000 firmas. Esta propuesta busca regularizar a medio millón de personas que residían en España antes del 31 de diciembre de 2023. A pesar de que el nuevo reglamento podría considerarse un paso hacia una política migratoria más inclusiva, sus consecuencias siguen siendo objeto de intenso debate entre el Gobierno, las organizaciones sociales y la oposición política.
La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha rechazado el reglamento, argumentando que representa un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de “configurar el censo” con fines políticos. Millán también criticó la flexibilización de requisitos que permite a casi un millón de inmigrantes en situación irregular acceder a la regularización.
Desde la CEAR, la coordinadora estatal del Área Jurídica, Elena Muñoz, ha destacado que el nuevo reglamento facilita la regulación para personas en situación irregular, pero advierte que las medidas son perjudiciales para los solicitantes de asilo. Según Muñoz, la falta de recursos y la ineficiencia administrativa son problemas persistentes, que complican aún más la situación de los migrantes.
Diego Fernández-Maldonado de Cáritas, también ha subrayado que el nuevo reglamento facilita algunos aspectos, como el acceso al arraigo, pero los solicitantes de asilo aún enfrentan grandes obstáculos. La duración de los procesos administrativos, que puede extenderse por meses o incluso años, afecta gravemente sus condiciones de vida.
En este contexto, los avances en la situación de los menores migrantes son limitados, y aunque se han adoptado algunas medidas positivas, como la posibilidad de regularización para aquellos nacidos en España, persisten preocupaciones sobre los derechos de los menores no acompañados y la falta de mejoras en la reagrupación familiar.
La actual reforma evidencia la necesidad de una atención más cercana y eficiente en las oficinas de extranjería, que enfrentan una carga burocrática considerable. Sin duda, la implementación de cualquier mejora normativa debe ir acompañada de un fortalecimiento de recursos humanos y tecnológicos para garantizar que el proceso sea accesible y ágil para todos los migrantes.
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